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Vadym Kovalenko, Especialista en análisis geopolítico global. Analista. Filósofo. Abogado. PhD por la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kyiv.
Collage: RBC-Ukraine
La sociedad rusa entra en una nueva etapa de la guerra contra Ucrania. De hecho, la propia palabra «guerra» ya no puede considerarse algo que esté, de alguna manera, prohibido. Se utiliza abiertamente en la televisión, en los foros o por parte de políticos, gobernadores y militares durante las ceremonias escolares del 1 de septiembre.
La principal tendencia del último semestre ha sido la reducción de la asimetría en cuanto a las consecuencias causadas por la guerra. El número de víctimas entre la población civil de la Federación Rusa como consecuencia de los bombardeos ha aumentado considerablemente en 2026. Las imágenes de refinerías de petróleo en llamas no desaparecen de los informes. Los puertos de los mares de Azov y Negro están prácticamente paralizados. Y la severidad de las restricciones en el suministro eléctrico en los territorios ocupados ya ha alcanzado niveles comparables a los que sufrió Ucrania el año pasado (aunque, por ahora, en el propio territorio de Rusia estas restricciones siguen teniendo un carácter esporádico).
Esto significa que, en la percepción de todos los grupos de la población rusa, la guerra está dejando de percibirse como una guerra «colonial», es decir, como un conflicto que tiene lugar en algún lugar lejano y que constituye para la población únicamente una fuente de ingresos, y no una cuestión de conveniencia política ni, mucho menos, de sentido existencial.
En términos generales, podemos constatar la llegada de una nueva fase del contrato social entre el Kremlin y la sociedad: un estado de «nueva anormalidad». Por supuesto, esta fase no implica un nuevo cambio cualitativo. Se trata, más bien, de constatar la degradación de todo el modelo de contrato social por parte de sus actores. Cabe señalar de antemano que el propio Putin también constata esta degradación. De ahí sus intentos de proteger su posición, pasando del autoritarismo a un totalitarismo latente, pero este no es el objeto de este artículo.
La guerra ha cambiado profundamente las condiciones sobre las que se sustenta la lealtad de los distintos grupos hacia el poder. Durante muchos años, Putin mantuvo a estos grupos dentro de un único gran acuerdo político. A las élites regionales y nacionales les garantizaba un lugar en el sistema y acceso a los recursos. A las grandes empresas, la posibilidad de conservar sus activos y seguir obteniendo beneficios incluso en condiciones de sanciones y aislamiento. A la población, seguridad, estabilidad social y la perspectiva de un Estado históricamente poderoso.
Sin embargo, el cansancio, la incertidumbre y la demanda de un futuro se acumulan, aunque esto todavía no significa que exista una disposición a renunciar al modelo de Putin.
Esta estructura sigue funcionando, pero las acciones de Ucrania y de sus aliados, así como los errores del Kremlin, la han desequilibrado hasta un punto crítico. Recordemos, en términos muy sencillos, que el desequilibrio es un estado en el que la cantidad de recursos de un sistema no se corresponde con sus objetivos. Ni tampoco con los objetivos de sus elementos, si hablamos de los distintos actores de la Federación Rusa.
Y aquí se perfila el principal problema personal de Putin: la pérdida crítica de apoyo a sus ideas. Hay que entenderlo correctamente. Sigue siendo el absoluto dominador de los resortes del poder (especialmente en el marco de la implantación de prácticas totalitarias). Pero esto es así en términos funcionales. Sin embargo, se ha agotado dramáticamente como fuente y garante de una nueva propuesta política.
Su principal idea —un Estado tradicional y fuerte que protege a sus ciudadanos, garantiza la estabilidad y devuelve a Rusia su grandeza— lleva muchos años prácticamente sin cambios y, últimamente, además, ha dejado de funcionar: se ha quedado obsoleta, ha perdido relevancia y resulta irritante.
Por el contrario, no existe una visión de lo que este Estado puede ofrecer después de la guerra ni de cómo será Rusia cuando la guerra deje de ser «la respuesta a todos los problemas».
Precisamente aquí se abre para Ucrania una ventana de oportunidad comunicativa. Esto no significa que dicha comunicación deba convencer a los rusos de la necesidad de aceptar la visión ucraniana del futuro. Su objetivo es mucho más sencillo: hacer que los rusos reflexionen sobre su propio futuro más allá de esa estructura política en la que únicamente la guerra constituye una respuesta universal a todas las preguntas.
En este momento, Ucrania dispone de todas las condiciones externas e internas necesarias para emprender una contraofensiva informativa sistemática: recuperar la iniciativa, seleccionar los objetivos prioritarios y concentrar los recursos comunicativos en ellos. Este enfoque permitirá dejar de jugar en el terreno definido por el Kremlin. En su lugar, ofrece la posibilidad de crear una línea propia de ofensiva informativa y ocupar sistemáticamente el espacio existente entre los mensajes del Kremlin y el futuro de los rusos, que este no es capaz de describir con claridad.
Los objetivos comunicativos más evidentes son tres grupos: las grandes empresas, los actores nacionales y regionales y la propia sociedad rusa. Cada uno de ellos ocupa un lugar específico en el sistema de acuerdos con el Kremlin y, por tanto, tiene sus propios puntos vulnerables y sus propias preguntas sobre el futuro de Rusia.
En 2026, los presupuestos regionales de la Federación Rusa se encuentran sometidos a una presión verdaderamente sin precedentes. Incluso según las estimaciones del Ministerio de Finanzas ruso, el déficit agregado de las regiones podría alcanzar los 2 billones de rublos. Además, los gastos de la guerra —en particular, los pagos a los militares contratados y a sus familias— recaen directamente sobre los presupuestos regionales. Al mismo tiempo, al centro federal le resulta cada vez más difícil compensar los problemas financieros de las regiones, ya que, al cierre de 2026, el déficit del presupuesto federal alcanzará los 7 billones de rublos.
El acuerdo original entre el Kremlin y las élites regionales era sencillo: lealtad a cambio de recursos y de la posibilidad de conservar su propio margen de autogobierno. Esto se aprecia especialmente en el caso de Tartaristán. En 1994, Moscú y Kazán firmaron un tratado sobre la delimitación de competencias que reconocía a Tartaristán el derecho a ejercer plenamente el poder estatal fuera del ámbito de las competencias federales y compartidas, regular de manera autónoma sus políticas presupuestaria, fiscal, económica, de inversiones y otras, e incluso participar en las relaciones internacionales. En 2007 se firmó un nuevo tratado, cuyo contenido era considerablemente más limitado, y en 2017 expiró sin que se alcanzara un nuevo acuerdo. Además, en el marco de la reforma federal, también se suprimió el Tribunal Constitucional de Tartaristán.
Sin embargo, la reducción del margen de autonomía no se limita a las finanzas y las instituciones políticas. La especificidad cultural de las repúblicas también se ha visto amenazada. Tras las modificaciones de la legislación federal introducidas en 2018, el estudio de las lenguas oficiales de las repúblicas en las escuelas pasó a ser voluntario, es decir, dejó de ser obligatorio.
Antes de la guerra, este modelo todavía podía parecer un compromiso mínimamente aceptable para las élites nacionales. La guerra ha acabado destruyendo también esa ventaja. Para Daguestán, Bashkortostán, Buriatia y otras regiones con una elevada proporción de militares contratados, la guerra no se traduce únicamente en pagos económicos directos. También sustrae de las economías regionales a hombres en edad de trabajar, aumenta la carga sobre las familias y los sistemas sociales locales. Pero lo más importante para los pueblos minoritarios es que destruye su identidad cultural.
Así pues, la guerra ha cambiado el propio coste de la lealtad de las regiones. El Kremlin ya no se limita a apropiarse de una parte de sus recursos y competencias: les traslada el coste de la guerra sin ofrecerles a cambio un modelo claro de desarrollo federal ni una visión del desarrollo regional explicada siquiera en términos vagos. Además, el propio sistema no les deja ninguna vía legal para distanciarse de la guerra.
Precisamente aprovechando este vacío, Ucrania puede intentar introducirse en el espacio informativo. Se podría ofrecer a las regiones una opción política que el Kremlin no les proporciona: reducir o poner fin a su propia participación en la guerra a cambio de garantías recíprocas por parte de Ucrania. Se trataría de crear regímenes regionales de tregua independientes, híbridos y, por supuesto, no formalizados, puesto que jurídicamente esto no es posible. Las condiciones podrían variar en función de las capacidades de cada entidad constitutiva de la Federación Rusa. La estructura básica contemplaría compromisos mutuos.
Por parte de la región, estos compromisos incluirían el cese de las medidas de movilización y de la financiación de nuevas unidades militares destinadas a participar en la guerra; la no instalación ni despliegue de nuevas capacidades militares, misilísticas, aéreas, de drones y de otros sistemas de ataque; y el cese de la producción de componentes y productos destinados a misiles, drones y bombas que pudieran utilizarse contra la población civil. Por separado, se contemplaría la renuncia a utilizar el territorio regional para lanzar sistemas de ataque y llevar a cabo operaciones contra Ucrania.
Por su parte, Ucrania podría establecer una moratoria sobre los ataques y las operaciones especiales en el territorio de dicha región. Una herramienta de presión igualmente importante podría ser la oferta de ejercer presión diplomática para conseguir el levantamiento de las sanciones impuestas a la región. A esta propuesta habría que añadir un componente cultural: ayudar a las regiones a publicar libros de texto escolares en sus lenguas nacionales, digitalizar su patrimonio cultural y sus bibliotecas nacionales, y organizar intercambios y actividades de presencia cultural mutua.
Este modelo se diferencia fundamentalmente de un simple llamamiento emocional a «no enviar a la gente a la guerra». En cambio, a la región se le ofrece un conjunto concreto de medidas «activadoras» que necesita para desarrollar su propio modelo de crecimiento.
En la actualidad, este planteamiento puede parecer poco realista. Su valor reside en otra parte. El discurso que se genere, basado en unas condiciones de salida de la guerra previamente definidas y garantizadas, creará una brecha aún mayor entre las regiones y el centro. Se mire como se mire, una propuesta de paz de este tipo constituye una opción para las élites regionales de la Federación Rusa. Aunque sea poco viable, sigue siendo una opción. El Kremlin, por el contrario, ofrece a las regiones una única alternativa: someterse y soportar la situación. Según las leyes de nuestro mundo físico, una presión excesiva acaba encontrando, tarde o temprano, una grieta por la que escapar. Si las relaciones entre el centro y las regiones desembocan en un conflicto político abierto, esta opción tendrá posibilidades reales de materializarse.
Para las empresas rusas, el margen de maniobra también se está reduciendo rápidamente. Entre enero y agosto de 2026, las autoridades rusas expropiaron a propietarios privados activos por un valor total aproximado de 980.000 millones de rublos. Paralelamente, el Estado está ampliando sus facultades para asumir temporalmente la gestión de infraestructuras privadas críticas, alegando motivos de seguridad insuficiente. Y aunque el Kremlin niega formalmente que este mecanismo esté relacionado con la nacionalización, para el propietario la mera existencia de semejante instrumento supone un riesgo adicional —prácticamente garantizado— de perder el control sobre sus activos.
La propuesta ucraniana dirigida a las grandes empresas podría ser todavía más sencilla y provocadora que la comunicación con las regiones. En la práctica, se trataría de un chantaje encubierto: ofrecerles la posibilidad de declarar públicamente que consideran inaceptable la continuación de la guerra o de negociar confidencialmente su salida de las cadenas de suministro militar. A cambio, se les ofrecería excluir esas empresas de los ataques ucranianos y promover una flexibilización de las sanciones.
En primer lugar, este mensaje estaría dirigido a las refinerías de petróleo. La escasez de gasolina haría que este llamamiento público generase una presión adicional y cierto «compás de espera» entre la población y las élites. Expertos del sector ya señalan, en conversaciones informales, que algunas refinerías rusas están ralentizando deliberadamente las reparaciones de las instalaciones dañadas debido al elevado riesgo de nuevos ataques. Si tuvieran libertad para elegir, es probable que algunas empresas prefirieran aplazar la recuperación completa de sus instalaciones hasta el final de la guerra.
Al igual que en el caso de la comunicación con las regiones, la viabilidad de esta propuesta no es decisiva en una primera etapa. La mera posibilidad de elegir ya ofrece más que una situación en la que no existe alternativa alguna y solo prevalece la conveniencia política. No obstante, cabe señalar que la comunicación anónima sí es perfectamente viable.
Si para las élites regionales y las grandes empresas esta comunicación constituye una señal puntual, para la sociedad rusa debería ser periódica, aproximadamente una vez al mes. El objetivo es crear un ritual informativo propio, capaz de «silenciar» los tradicionales mensajes del Kremlin.
Esta comunicación no necesita apelar a la conciencia, ni debe contener amenazas o bromas. Su fundamento debería ser una conversación franca del presidente ucraniano, basada en la exposición de los hechos: «Nos vemos obligados a hacer esto por tales y cuales motivos»; «En un futuro próximo ocurrirá esto y aquello»; «Esto tendrá las siguientes consecuencias»; «Desde Rusia me plantean las siguientes preguntas».
El valor de esta comunicación para los rusos reside, ante todo, en su previsibilidad y en la posibilidad de verificar lo que se dice. En la práctica, la sociedad rusa dispondría de una fuente periódica de información sobre la siguiente fase de la guerra y sus posibles consecuencias.
El formato de «mensaje mensual del presidente ucraniano al pueblo ruso» eliminaría el monopolio del Kremlin a la hora de explicar la guerra y el lugar que ocupa Rusia en el mundo. Pero, sobre todo, este formato pondría de relieve la ausencia de una visión propia del futuro por parte del Kremlin. Su imaginación política sigue anclada en las coordenadas de los húsares, las trincheras, las victorias del pasado y los lemas soviéticos. La percepción de estas coordenadas por parte de la sociedad rusa debe transformarse hasta generar un rechazo crítico y una irritación profunda.
En última instancia, no se trata de campañas de comunicación aisladas dirigidas a las regiones, las empresas o la sociedad rusa. Se trata de ocupar sistemáticamente el espacio informativo que surge entre los actuales mensajes abstractos de Putin y una sociedad rusa a la que no se le ofrece un modelo de desarrollo comprensible.
Para la sociedad rusa y sus élites, los dos interrogantes fundamentales de esta comunicación deberían ser sencillos: ¿quieren realmente imaginarse fuera de la guerra? ¿Y qué ocurrirá después de la guerra? Estas preguntas afectan tanto a la vida cotidiana como a la economía, al futuro del sistema político y al lugar de Rusia en el mundo. Hoy, Putin no tiene una respuesta convincente para ninguna de ellas.
Por tanto, el objetivo de esta iniciativa informativa es excluir a Putin del círculo de quienes determinan unilateralmente, en nombre de Rusia, las posibles vías para poner fin a la guerra. Y, al mismo tiempo, invitar a todos los sectores de la sociedad rusa a participar en este debate, una vez más, sin pedir permiso a Putin.