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Resumen

La invasión rusa de Ucrania en 2022 provocó el mayor desplazamiento forzado de población en Europa de las últimas décadas. Según los datos de 2026, más de 4 millones de ucranianos se encuentran bajo protección temporal en los países de la Unión Europea; sin embargo, debido a los constantes debates sobre la finalización de este régimen, la cuestión de su futuro y de sus perspectivas de integración adquiere cada vez mayor relevancia.

Además, resulta fundamental encontrar un equilibrio entre garantizar la estabilidad de la permanencia de los ucranianos en los países de la UE y crear condiciones que favorezcan su reintegración con vistas a su regreso a Ucrania.

Este trabajo propone recomendaciones para el desarrollo de la política migratoria dirigida a los ucranianos que residen en Alemania y Francia. La investigación presenta un análisis de los mecanismos jurídicos vigentes y de las políticas de integración en ambos países. Se presta especial atención a los desafíos derivados del carácter prolongado del desplazamiento forzado. Asimismo, el estudio recomienda actualizar el modelo de política migratoria mediante la creación de un régimen jurídico estable de permanencia (protección temporal o una protección con una duración de 4 a 5 años), el desarrollo de mecanismos de movilidad circular, el apoyo a las actividades transfronterizas y el mantenimiento de los vínculos sociales y profesionales de los ucranianos con Ucrania.

Introducción

En respuesta a la crisis migratoria provocada por la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, la Unión Europea activó por primera vez el mecanismo de protección temporal previsto en la Directiva 2001/55/CE, lo que permitió a los refugiados ucranianos obtener el derecho de residencia, el acceso libre al mercado laboral, a la educación y a diversos servicios sociales en los países de la UE.

A partir de 2026, millones de ciudadanos ucranianos continúan acogidos a este régimen jurídico en diferentes países europeos, especialmente en Alemania y Francia. Al mismo tiempo, el carácter temporal de este estatuto genera una incertidumbre fundamental sobre el futuro de los ucranianos en Europa y sobre la continuidad de su permanencia o su eventual retorno a Ucrania.

En este contexto surge una cuestión política central: ¿de qué manera deben los Estados europeos diseñar su política migratoria respecto a los ucranianos ante la incertidumbre del mecanismo de protección? ¿Deben integrarlos de forma permanente o fomentar su regreso a Ucrania? Se trata de una cuestión compleja y multidimensional, ya que afecta tanto a los valores y derechos humanos como a los intereses de los países de acogida y a los intereses estratégicos de la propia Ucrania.

Por una parte, desde el inicio de la invasión a gran escala, los países de acogida han destinado aproximadamente 17.000 millones de euros para la integración de los ucranianos, especialmente en el acceso al mercado laboral, la educación y la infraestructura social. Por otra parte, una integración a largo plazo puede tener importantes consecuencias demográficas y económicas para Ucrania, especialmente en el contexto de la reconstrucción de la posguerra. Al mismo tiempo, esta situación obliga a los propios ucranianos a afrontar una difícil elección entre adaptarse a la vida en los países de la UE o regresar a un país que aún se encuentra en guerra o en proceso de reconstrucción tras el conflicto.

Así, el problema presenta varios componentes fundamentales: la indefinición del estatuto jurídico; el carácter de la integración en los países de acogida; y la ausencia de políticas eficaces de retorno y reintegración.

Entre los principales actores implicados se encuentran el Gobierno de Ucrania y los gobiernos de los países de la UE, las instituciones de la Unión Europea, las organizaciones internacionales y no gubernamentales, así como los propios ucranianos, quienes son los destinatarios directos de estas decisiones.

La principal cuestión analítica que plantea este problema consiste en determinar si es posible combinar la integración y el retorno dentro de una única política que, al mismo tiempo, garantice condiciones estables de residencia en el extranjero y preserve la motivación para regresar a Ucrania. Un gran desafío radica en que los enfoques actuales consideran la integración y el retorno como opciones mutuamente excluyentes. Mientras que las políticas de integración se orientan únicamente a la inclusión a largo plazo en las instituciones y la sociedad del país de acogida, las políticas de retorno se centran en fomentar la repatriación. Esta dicotomía resulta limitada y reduce las posibilidades de elección.

En esta investigación se plantea la tesis de que la política dirigida a los ucranianos en los países de la UE debe basarse en un enfoque que contemple la creación de un estatuto jurídico estable para los ucranianos y la combinación de mecanismos de integración que mantengan los vínculos con Ucrania y creen las condiciones necesarias para un retorno voluntario. Este enfoque permite evitar una elección rígida entre integración y retorno y propone un modelo más flexible.

El objetivo de este trabajo es analizar cómo diferentes países, en particular Francia y Alemania, abordan las cuestiones relacionadas con un estatuto jurídico estable, la integración y el retorno de los ucranianos a su país, así como elaborar recomendaciones prácticas para la formulación de la política migratoria de estos dos Estados.

La estructura del estudio se organiza de la siguiente manera. En el apartado «Antecedentes del problema» se examina el contexto en el que se introdujo el mecanismo de protección temporal y sus principales características. A continuación, en el apartado «Análisis de los países» se realiza un análisis de las políticas migratorias de Francia y Alemania respecto a los ucranianos. El siguiente apartado está dedicado al análisis de las posibles opciones de política relativas al estatuto jurídico de los ucranianos y a su futura integración en ambos países. En el apartado «Recomendaciones y su implementación» se proponen medidas políticas concretas y los mecanismos para su aplicación. Finalmente, el apartado «Conclusiones» resume los principales resultados de la investigación y su relevancia.

Antecedentes del problema

La activación de la Directiva 2001/55/CE constituyó un precedente histórico, ya que este instrumento nunca había sido aplicado, ni siquiera durante la crisis migratoria de 2015–2016 ni con ocasión de la Primavera Árabe de 2010. La primera razón fue la ausencia de voluntad política, pues tanto la Comisión como el Consejo evitaron deliberadamente su activación. La segunda fue la propia incertidumbre jurídica de la Directiva, en particular la ausencia de un umbral numérico que permitiera definir qué debía entenderse por «afluencia masiva». En el caso de Ucrania, la decisión fue adoptada por unanimidad por los Estados miembros, lo que constituye una excepción respecto a la práctica habitual.

Así, la activación de la Directiva respondió a una combinación de circunstancias políticas: la magnitud del desplazamiento, el proceso de integración europea de Ucrania y la solidaridad de los Estados miembros frente a la agresión rusa. La Directiva garantizó el acceso a los derechos fundamentales previstos en su texto: acceso al mercado laboral sin necesidad de obtener un permiso de trabajo independiente, acceso de los menores a los sistemas nacionales de educación y de los adultos a programas de formación profesional, así como el derecho a la asistencia sanitaria y a la protección social en igualdad de condiciones con los ciudadanos de los Estados miembros. Los artículos 12 a 14 consagraron normativamente estas garantías, mientras que el artículo 9 obligó a los Estados miembros a proporcionar la documentación en una lengua comprensible para las personas beneficiarias de la protección. Como consecuencia, se desarrollaron plataformas de información en ucraniano, centros de atención y portales especializados para el empleo.

La principal ventaja del mecanismo de protección temporal, en comparación con el estatuto de refugiado, fue la rapidez de su concesión, dado que la protección temporal tiene carácter colectivo. En las circunstancias de 2022, tramitar solicitudes individuales de asilo —que requieren un examen caso por caso y una mayor carga documental— habría provocado un colapso organizativo.

No obstante, el principal inconveniente del mecanismo radica en su dimensión temporal. De conformidad con el capítulo II de la Directiva 2001/55/CE, la protección temporal se concede inicialmente por un período de un año. Sin embargo, el Consejo de la Unión Europea ha prorrogado en cuatro ocasiones la aplicación de este régimen para los ciudadanos ucranianos. En consecuencia, un instrumento concebido para responder a una situación de emergencia ha adquirido, de facto, un carácter de largo plazo que excede la finalidad jurídica para la que fue diseñado.

En Francia, la protección temporal para los ciudadanos ucranianos se introdujo en el marco del mecanismo común de la Unión Europea tras la activación de la Directiva, garantizando el derecho de residencia legal, el acceso al mercado laboral, a la educación y a los servicios sociales. En la actualidad, los ucranianos continúan disfrutando de este régimen de protección temporal; sin embargo, al depender de las decisiones políticas de la Unión Europea sobre su prórroga o finalización, este estatuto genera un elemento de incertidumbre jurídica respecto al futuro. En mayo de 2026, menos de 50.000 ciudadanos ucranianos se encontraban bajo protección temporal en Francia, una cifra considerablemente inferior a la registrada en países como Alemania, Polonia o España, lo que refleja una presencia relativamente limitada de población ucraniana en el país dentro de este mecanismo. Desde el punto de vista social, Francia dispone de una infraestructura relativamente desarrollada de apoyo a la integración, que incluye el acceso a prestaciones sociales; no obstante, la eficacia en el acceso a estos servicios varía según la región. En el ámbito económico, los ucranianos se integran progresivamente en el mercado laboral, aunque una parte importante trabaja en sectores que no se corresponden con sus cualificaciones, lo que dificulta su integración económica a largo plazo. Desde la perspectiva política, la cuestión de los ciudadanos ucranianos se aborda en Francia como parte de la política migratoria general, sin preservar identidades diferenciadas ni tener en cuenta sus particularidades, ya que el modelo francés se fundamenta en el principio del universalismo republicano. En términos generales, el problema sigue siendo relevante debido a la ausencia de un estatuto jurídico claro a largo plazo y de orientaciones precisas para la transición hacia regímenes ordinarios de residencia, como los permisos de residencia, lo que mantiene la incertidumbre sobre las futuras trayectorias jurídicas y sociales de los ciudadanos ucranianos.

En Alemania, la protección temporal para los ciudadanos ucranianos se ha incorporado al ordenamiento jurídico mediante el artículo 24 de la Ley de Residencia (Aufenthaltsgesetz), que garantiza el derecho de residencia legal, el acceso al mercado laboral, a la educación y a las prestaciones sociales. La protección temporal ha sido prorrogada hasta el 4 de marzo de 2027. A finales de 2025, alrededor de 1,2 millones de ciudadanos ucranianos se encontraban bajo protección temporal en Alemania, lo que representaba el 28,7 % del total registrado en la Unión Europea y convertía al país en el principal receptor de personas beneficiarias de este mecanismo. Desde el punto de vista social, Alemania garantiza el acceso a la vivienda, a cursos de integración y de idioma, así como a ayudas económicas. Sin embargo, al igual que en Francia, el acceso efectivo a estos servicios varía en función del estado federado y de los procedimientos administrativos de distribución. En el ámbito económico, la tasa de empleo de los ciudadanos ucranianos alcanzó aproximadamente el 51 % a finales de 2025. Desde la perspectiva política, la situación de los ciudadanos ucranianos ocupa un lugar cada vez más relevante en el debate interno sobre el equilibrio entre la integración y el gasto en apoyo social, mientras que el futuro del mecanismo de protección temporal más allá de 2027 sigue siendo una cuestión abierta tanto a nivel nacional como europeo.

Análisis de los países

Alemania

Dado que se ha agotado el mecanismo automático de prórroga de la protección temporal y que representantes de la Comisión Europea han manifestado la imposibilidad de mantener este régimen en su forma actual, el marco jurídico de la República Federal de Alemania está experimentando cambios.

La posición oficial de Berlín consiste en no crear un estatuto exclusivo para los ciudadanos ucranianos después de marzo de 2027. La estrategia alemana prevé una eliminación gradual del régimen de protección temporal y la transición de los migrantes al régimen general de extranjería alemán mediante los cauces ordinarios: permisos de trabajo para trabajadores cualificados (§§ 18a y 18b de la Aufenthaltsgesetz), la Tarjeta Azul de la UE (§ 18g), permisos de residencia por estudios (§ 16b) o por trabajo por cuenta propia (§ 21).

Las entrevistas realizadas muestran una actitud de tranquilidad entre los participantes. Por ejemplo, el entrevistado Anatolii (54 años, desplazado forzoso procedente de Odesa y residente actualmente en Schwäbisch Hall, Baden-Wurtemberg) afirma:

En cuanto a la situación después de 2027, no tengo una preocupación especial. En mi opinión, el sistema alemán es muy estable y está muy bien diseñado, por lo que no creo que vaya a haber cambios bruscos o críticos para los ucranianos que ya están bien integrados en la sociedad.

El aspecto económico de la permanencia de los ciudadanos ucranianos en Alemania fue objeto de una importante reforma durante 2025–2026 con el objetivo de reducir la carga sobre el presupuesto federal. El cambio más relevante consistió en la supresión del derecho a percibir la prestación ordinaria por desempleo (Bürgergeld) para las personas que llegaron al país después del 1 de abril de 2025. Este grupo de migrantes pasó a estar sujeto al régimen previsto en la Ley de Prestaciones para Solicitantes de Asilo (Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG).

De conformidad con la versión de la AsylbLG de 29 de abril de 2026, se determinaron las categorías de personas beneficiarias, la estructura de las prestaciones y las condiciones para la limitación de determinados derechos. Según el § 1, tienen derecho a las prestaciones los extranjeros que se encuentren efectivamente en Alemania y dispongan de un permiso de residencia debido a la guerra en su país de origen o de un estatuto de tolerancia (Duldung, § 60a). Los §§ 3 y 3a distinguen entre las prestaciones destinadas a cubrir las necesidades básicas (alimentación, ropa y alojamiento) y las necesidades personales cotidianas, fijando para un adulto soltero alojado en una vivienda una asignación mensual de 162 euros para gastos personales (146 euros en centros de acogida). Estas prestaciones pueden concederse mediante una tarjeta de pago (Bezahlkarte). Al mismo tiempo, los entrevistados señalaron que la implantación de estas tarjetas ha sido desigual entre los distintos estados federados y que quienes llevan más tiempo residiendo en Alemania continúan utilizando cuentas bancarias ordinarias sin experimentar dificultades significativas en su vida cotidiana. En el ámbito sanitario, regulado en el § 4, la financiación pública cubre el tratamiento de enfermedades agudas, estados de dolor, el embarazo y el parto.

En materia de empleo, el papel central corresponde a la iniciativa gubernamental Job-Turbo. El programa fue anunciado por el Gobierno en otoño de 2023 con el objetivo de acelerar la incorporación de los migrantes al mercado laboral. Sin embargo, durante 2025–2026, en el contexto del cambio de orientación política y de la firma del acuerdo de coalición encabezado por Friedrich Merz, el programa adquirió un carácter obligatorio, dejando de ser voluntario. Este cambio quedó reflejado en la introducción de «acuerdos de integración» obligatorios entre los migrantes y los servicios públicos de empleo para facilitar la integración y el acceso al mercado laboral, con base en el § 44a de la Aufenthaltsgesetz, así como en el endurecimiento de las sanciones por incumplimiento de dichos acuerdos, previstas en el § 31a del Libro II del Código Social alemán (SGB II). Como consecuencia, dejó de exigirse la finalización obligatoria de los cursos de alemán de nivel B1/B2 antes de incorporarse al mercado laboral. Conforme a la legislación vigente, la negativa a colaborar con el Jobcenter o el rechazo injustificado de ofertas de empleo puede dar lugar a una reducción gradual de las prestaciones: un 10 % tras la primera incomparecencia injustificada, un 20 % en caso de reincidencia y, cuando una persona en edad laboral demuestra una actitud persistente de rechazo al empleo o a la formación, la ley permite imponer una reducción máxima del 30 % de la prestación básica durante un período de tres meses.

Los testimonios de los entrevistados muestran que, en la práctica, el sistema funciona de manera flexible. La entrevistada Oksana (46 años, Odesa) señala:

En Ucrania trabajaba en el sector de la belleza y aquí, en Alemania, he podido seguir desarrollándome en ese mismo ámbito e incluso abrir mi propio salón. Para mí, el sistema es claro y está bien estructurado, especialmente en lo que respecta al registro de una empresa y a todos los trámites oficiales… En mi entorno no he oído hablar ni de un control más estricto ni de casos reales de reducción de prestaciones; todo transcurre con bastante normalidad.

Este testimonio confirma que, para la parte más motivada de las personas desplazadas, la política migratoria alemana ofrece oportunidades de regularización mediante el trabajo por cuenta propia y el emprendimiento.

La situación en 2026 se caracteriza por los intentos de introducir instrumentos de «doble intención». Una manifestación práctica de este enfoque fue la inauguración, el 15 de abril de 2026 en Berlín, del primer Centro de Unidad para los Ucranianos. Este centro fue creado con el objetivo de mantener los vínculos con Ucrania y ofrecer asesoramiento sobre el retorno, al tiempo que presta servicios del Fondo de Pensiones de Ucrania y desarrolla programas educativos y culturales.

Francia

Desde 2022, Francia, al igual que los demás Estados miembros de la Unión Europea, aplica la Directiva de la UE sobre protección temporal a los ciudadanos ucranianos, garantizándoles el derecho de residencia legal y el acceso a ámbitos fundamentales como el mercado laboral y la asistencia social. La aplicación administrativa de este régimen se materializa mediante la  Autorización Provisional de Residencia (APS), un permiso provisional de residencia expedido por las prefecturas y prorrogado de conformidad con las decisiones adoptadas por la Unión Europea. Desde 2022, aproximadamente 118.800 personas han obtenido protección temporal en Francia, según los datos de la administración francesa competente en materia migratoria.

Al mismo tiempo, se observa una tendencia cada vez más evidente hacia la transición de una parte de los ciudadanos ucranianos desde el régimen de protección temporal a otros estatutos jurídicos de residencia. Entre los más frecuentes se encuentran:

1. Protección subsidiaria. Según los datos de Eurostat, a finales de 2025 había en Francia 25.780 ciudadanos ucranianos beneficiarios de protección internacional. El paso a la protección subsidiaria suele estar motivado por el deseo de obtener un estatuto más estable y de mayor duración, dadas las limitaciones inherentes a la protección temporal.

2. Titre de séjour de droit commun (permiso de residencia de derecho común), que incluye, entre otros, el permiso de residencia para estudiantes, el permiso temporal para trabajadores, el permiso de residencia por motivos de vida privada y familiar y el permiso de residencia en el marco del Passeport Talent.

3. Visados de estudiante y de trabajo.

Ucrania ocupa el segundo lugar por número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Source

• el empleo;

• los programas públicos de recualificación profesional;

• el sistema sanitario;

• las instituciones educativas.

No obstante, el principal desafío sigue siendo el acceso a una vivienda estable y la incertidumbre administrativa a largo plazo, ya que la Autorisation Provisoire de Séjour (APS) debe renovarse periódicamente. Como consecuencia, se observa un aumento del número de ciudadanos ucranianos que optan por solicitar asilo o protección subsidiaria. Ello se debe a que la protección temporal comienza a percibirse como un mecanismo insuficientemente estable desde una perspectiva de largo plazo. En la actualidad, la política migratoria francesa hacia los ciudadanos ucranianos está acompañada de una reducción de las ayudas económicas y de vivienda, así como de una reorientación de la política pública hacia la «normalización» de su estatuto de residencia.

Por ejemplo, en la ciudad de Reims se han registrado casos de reducción de los programas de alojamiento temporal y de las ayudas destinadas a la vivienda. Esta situación pone de manifiesto la creciente dependencia de la estabilidad social respecto del estatuto administrativo de residencia.

Los resultados de las entrevistas realizadas también evidencian la diversidad de estrategias adoptadas por los ciudadanos ucranianos en Francia. Así, Kateryna Sirri, originaria de la región de Járkiv y residente actualmente en Reims, señaló durante la entrevista que decidió pasar del régimen de protección temporal al estatuto de protección subsidiaria debido a la imposibilidad de regresar a su región de origen y a su deseo de integrarse más profundamente en la sociedad francesa. Según explicó, Francia le brindó la oportunidad de realizar una reconversión profesional: tras haber trabajado como cosmetóloga en Ucrania, actualmente estudia peluquería y tiene previsto abrir su propio negocio en el futuro. Este caso demuestra que, para una parte de los ciudadanos ucranianos, la cuestión del estatuto jurídico ya no está vinculada únicamente a la protección, sino también a estrategias de vida a largo plazo y al desarrollo profesional.

Posibles enfoques políticos tras la finalización del régimen de protección temporal

Uno de los enfoques más extendidos sobre la integración de los ciudadanos ucranianos es el concepto de «dual intent integration», propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2023. Su idea central consiste en combinar la integración de los ciudadanos ucranianos en los países de acogida con el mantenimiento de las condiciones necesarias para su eventual retorno a Ucrania. A diferencia de los modelos tradicionales de integración, este enfoque tiene en cuenta el carácter particular del desplazamiento de la población ucraniana.

Sin embargo, con el paso de los años resulta evidente que la propuesta inicial de la OCDE requiere adaptarse a la nueva realidad del desplazamiento prolongado. Tras varios años de residencia en los países de la Unión Europea, los ciudadanos ucranianos se encuentran cada vez más integrados en las sociedades de acogida, mientras que, paralelamente, aumenta la incertidumbre respecto a su futuro estatuto jurídico debido al carácter temporal de su protección. En Francia, las formas alternativas de protección, especialmente la protección subsidiaria, no responden plenamente a las particularidades del caso ucraniano, ya que pueden limitar la movilidad y dificultar el mantenimiento de los vínculos con el país de origen. Además, una parte importante de los ciudadanos ucranianos mantiene estrechas relaciones sociales, económicas y familiares con Ucrania. Como resultado, se configura una situación en la que estas personas viven entre dos espacios: el país de acogida y el país de origen.

En este contexto, la presente investigación propone no la eliminación progresiva del mecanismo de protección temporal, sino su modernización y estabilización conforme a las nuevas realidades del desplazamiento prolongado de los ciudadanos ucranianos. En lugar de renovar anualmente la protección temporal, Francia y Alemania podrían considerar la introducción de un sistema multinivel de protección de larga duración que garantice estabilidad e integración sin obligar a las personas a elegir definitivamente entre el país de acogida y el país de origen.

Este modelo puede estructurarse en varios niveles interrelacionados

El primer nivel consiste en crear estabilidad jurídica. Su objetivo es conceder a los ciudadanos ucranianos un estatuto jurídico de larga duración en sustitución de las renovaciones anuales de la protección temporal. Ello permitiría reducir el grado de incertidumbre jurídica, que constituye uno de los principales desafíos para los ucranianos residentes en la Unión Europea.

El segundo nivel se basa en la inversión en el capital humano con vistas a la futura reconstrucción de la Ucrania de la posguerra

Se recomienda abandonar los enfoques tradicionales de integración centrados exclusivamente en la adaptación de los migrantes al mercado laboral del país de acogida. En el caso de los ciudadanos ucranianos, las competencias adquiridas deberían considerarse un recurso tanto para el país de acogida como para Ucrania. La idea consiste en crear mecanismos que favorezcan el mantenimiento de los vínculos profesionales entre los especialistas ucranianos establecidos en Francia y Alemania y las instituciones ucranianas. Ello contribuiría a reducir el riesgo de descualificación profesional, lo que resulta beneficioso tanto para los países de acogida como para Ucrania en caso de retorno de sus ciudadanos.

El tercer nivel consiste en preservar los vínculos sociales y culturales con Ucrania

En el caso de los ciudadanos ucranianos, la asimilación completa no constituye la política más adecuada mientras el retorno siga siendo una posibilidad real. Por ello, el apoyo a la educación ucraniana, a las iniciativas culturales y a los vínculos con las comunidades ucranianas locales no debe considerarse un obstáculo para la integración, sino un instrumento que favorezca la disposición al retorno a largo plazo.

Debates similares pueden observarse también en Irlanda, donde, tras varios años de aplicación del régimen de protección temporal, ha comenzado a discutirse la necesidad de pasar de una respuesta de emergencia a corto plazo a una gestión a largo plazo de la permanencia de los ciudadanos ucranianos. Según el informe «Oireachtas Spotlight» de Halpin (2022), la aplicación continuada de la Directiva sobre protección temporal sin definir perspectivas futuras genera una incertidumbre adicional tanto para los propios ciudadanos ucranianos como para las instituciones públicas.

En consecuencia, el enfoque propuesto plantea la transición desde un mecanismo temporal hacia un estatuto estable de larga duración que permita una integración sólida de los ciudadanos ucranianos, preservando al mismo tiempo la posibilidad de un futuro retorno a su país de origen. Este modelo permite conciliar los intereses de los países de acogida, interesados en la integración socioeconómica de los ciudadanos ucranianos, con las necesidades de Ucrania, para la que el eventual regreso de sus ciudadanos constituye uno de los elementos fundamentales del proceso de reconstrucción de la posguerra.

Recomendaciones

El enfoque de política migratoria propuesto en esta investigación para los ciudadanos ucranianos en Francia y Alemania se basa en la transición desde una lógica de permanencia temporal hacia un modelo de movilidad bidireccional estable y organizada entre el país de acogida y Ucrania. En este marco, la integración y el retorno no se consideran trayectorias mutuamente excluyentes, sino procesos que se refuerzan recíprocamente. En consecuencia, la política pública debe garantizar simultáneamente la estabilidad de la vida de los ciudadanos ucranianos en Francia y Alemania y preservar la posibilidad real de su regreso a Ucrania sin pérdida de su capital social y profesional.

De acuerdo con las observaciones realizadas para esta investigación por un representante del Gobierno de Ucrania, resulta especialmente importante centrar todos los programas en el mantenimiento de los vínculos con Ucrania y en la preservación de la movilidad circular, ya que la diáspora ejerce una influencia significativa tanto sobre las políticas regionales como sobre la política nacional de Ucrania, especialmente en el contexto del proceso de adhesión del país a la Unión Europea.

Desde el punto de vista jurídico, este enfoque debe sustentarse en el abandono del modelo de protección temporal de corta duración sujeto a revisiones anuales. En su lugar, se propone la creación de un estatuto con una vigencia plurianual que garantice la estabilidad de la residencia y que solo sea revisado en caso de cambios sustanciales en la situación de seguridad en Ucrania. Asimismo, se propone reconocer el derecho a permanecer durante períodos prolongados en Ucrania sin perder el estatuto jurídico en el país de acogida, con el fin de favorecer la movilidad circular.

Tabla de recomendaciones

Conclusiones

La invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania planteó a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros un desafío sin precedentes, cuya respuesta fue la activación del mecanismo de protección temporal. Tras cuatro años de funcionamiento, resulta cada vez más evidente que este instrumento no fue concebido para gestionar el desplazamiento prolongado de millones de ciudadanos ucranianos. El análisis realizado en esta investigación demuestra que, tanto en Francia como en Alemania, el carácter temporal e incierto de este régimen genera una considerable incertidumbre sobre el futuro de los ciudadanos ucranianos. Por ello, resulta imprescindible comenzar a diseñar una nueva política migratoria de largo plazo que tenga en cuenta tanto los intereses de los Estados de acogida como los intereses estratégicos de Ucrania en materia de preservación del capital humano y creación de condiciones que favorezcan el futuro retorno de sus ciudadanos.

Este trabajo sostiene que el concepto de integración acompañado del mantenimiento de los vínculos con el país de origen debe constituir la base de la siguiente etapa de la política europea dirigida a los ciudadanos ucranianos. A diferencia del enfoque tradicional —como el aplicado en Francia—, que en la práctica obliga a elegir entre la integración plena y el retorno, el modelo propuesto considera ambos procesos como complementarios. Las recomendaciones formuladas están orientadas a establecer un estatuto jurídico estable y de larga duración, fomentar la movilidad circular, promover el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales y fortalecer la cooperación profesional entre la Unión Europea y Ucrania, así como preservar los vínculos sociales y culturales a través de la diáspora.

La aplicación de este enfoque no solo permitirá garantizar una mayor previsibilidad del estatuto jurídico de los ciudadanos ucranianos en Francia y Alemania, sino que también contribuirá a preservar su capital humano para la reconstrucción de Ucrania en la posguerra. Al mismo tiempo, el modelo propuesto puede servir como base y referencia para el desarrollo de una política más flexible de la Unión Europea en respuesta a futuras situaciones de desplazamiento forzado masivo de población y de personas refugiadas.