Elizaveta Samsonova, experta en relaciones internacionales, miembro de IAPSS, pasante del centro “Resurgam” en el ámbito Asia-Pacífico.
A finales de 2025, los analistas registraron en el Mar de China Oriental dos grandes formaciones de barcos pesqueros chinos registrados como civiles. El 25 de diciembre, más de dos mil embarcaciones se alinearon en dos largas filas, y el 11 de enero de 2026, aproximadamente 1400 barcos en la misma zona se reunieron en una configuración rectangular de más de 370 kilómetros de longitud. Para actividades pesqueras, este comportamiento no es característico: los barcos mantenían una formación geométricamente ordenada, se concentraron rápidamente y luego se dispersaron con la misma rapidez.
Los días 10 y 11 de abril de 2026, imágenes satelitales registraron cerca del banco de Scarborough una barrera flotante en la entrada de la laguna, junto a la cual se encontraban barcos pesqueros chinos y un buque de la guardia costera o de la marina china. Esto indicaba un intento de restringir físicamente el acceso a la laguna, principalmente para pescadores y embarcaciones filipinas.
Si las formaciones de diciembre y enero mostraron la capacidad de China para concentrar rápidamente una gran masa de embarcaciones cuasiciviles, cerca de Scarborough ya se utilizó un instrumento de bloqueo directo del acceso. Ya no se trata de episodios marítimos aislados, sino de una tendencia hacia la manifestación de distintas formas de un mismo mecanismo de presión. Los buques de investigación actúan en el límite entre la investigación científica y la inteligencia militar, ya que la detección o instalación de sensores submarinos constituye directamente una función de seguridad. Se trata del entorno submarino cerca de Taiwán, Japón, Guam y los accesos al estrecho de Malaca, precisamente donde para China es crucial comprender las condiciones de operación de sus propias fuerzas submarinas y de una posible contención por parte de fuerzas extranjeras o no identificadas.
China opera en el mar mediante una combinación de distintas estructuras que desempeñan funciones diferentes pero interrelacionadas. La milicia marítima en este modelo está compuesta por barcos pesqueros formalmente civiles, cuyas tripulaciones son coordinadas por estructuras estatales, reciben financiación, instrucciones y apoyo material para realizar tareas concretas en aguas disputadas: demostrar presencia, vigilar, saturar rutas y crear obstáculos indirectos para la navegación de otros barcos.
A diferencia de una flota pesquera convencional, se trata de un recurso controlado que puede concentrarse rápidamente en una zona determinada para llenar el espacio con superioridad numérica, bloquear accesos, crear densidad e imponer una nueva presencia de facto allí donde Pekín quiere modificar el régimen de acceso. La guardia costera añade coerción a esta presencia y garantiza el control efectivo del acceso en las zonas disputadas: persigue, expulsa, bloquea, escolta embarcaciones extranjeras o instala barreras físicas.
Los barcos de investigación e hidrográficos recopilan datos sobre el fondo marino, corrientes, salinidad, temperatura y condiciones acústicas; es decir, preparan la base informativa para un control más profundo del espacio marítimo. Precisamente la combinación de estos instrumentos permite a China ejercer presión sin un despliegue militar clásico, mediante un aumento gradual de presencia, control y coerción bajo cobertura civil.
Este algoritmo lleva mucho tiempo siendo aplicado en la práctica. Puede rastrearse desde la ocupación de las islas Paracel en 1974 hasta el hostigamiento al buque estadounidense de vigilancia USNS Impeccable en 2009, pasando por la confrontación cerca del banco de Scarborough en 2012, que terminó con el establecimiento efectivo del control chino sobre la zona, hasta la presión sobre el puesto filipino en el banco Second Thomas en 2023-2024.
La secuencia es cada vez similar y se describe arriba: primero China crea una densa presencia cuasicivil, luego añade la guardia costera u otro componente coercitivo formalizado y finalmente cambia el régimen efectivo de acceso a la zona marítima. Como resultado, el área disputada se transforma gradualmente en un espacio donde la presencia china se vuelve habitual, mientras que la presencia de otros actores queda asociada a dificultades y riesgos.
Una línea aparte de este modelo son los barcos de investigación e hidrográficos de doble uso. En esta lógica, el viaje del buque “Shiyan 06” a Colombo en 2023 fue una continuación de la misma práctica. Inicialmente, Sri Lanka solo permitió el reabastecimiento del barco, pero posteriormente este realizó trabajos de investigación cerca de la costa occidental de la isla. Se trataba del uso de una plataforma científica para ingresar en una zona sensible del océano Índico, recopilar datos y comprobar los límites políticos de lo permitido.
Esto también generó preocupación en India, ya que considera esta parte del océano como estratégicamente importante para su seguridad. La posterior moratoria anual de Sri Lanka sobre el ingreso de barcos de investigación extranjeros demostró que tales misiones ya no se perciben como una actividad científica neutral.
Pekín implementa sistemáticamente una práctica que permite modificar el régimen de acceso al mar sin recurrir a una guerra abierta. En términos prácticos, se trata de la posibilidad de ocupar una zona antes que el adversario, llenarla con presencia propia, dificultar el acceso a barcos extranjeros e imponer un nuevo régimen de navegación incluso antes de que la situación llegue a un enfrentamiento militar clásico.
Precisamente por ello, los elementos de este sistema unificado —la milicia marítima, la guardia costera y los barcos de investigación— son importantes para Pekín como forma de alterar gradualmente el equilibrio de fuerzas, paso a paso.
En la dimensión taiwanesa, esta lógica se reduce a hacer que la intervención exterior sea más lenta, más costosa y menos predecible. Las formaciones masivas cuasiciviles pueden restringir rutas, dificultar maniobras, sobrecargar la vigilancia y crear incertidumbre jurídica y política para Taiwán, Estados Unidos y sus aliados.
Esta táctica traslada la rivalidad a un régimen de desgaste permanente. Responder a la aparición de un buque de guerra es relativamente sencillo: se trata de una situación militar clara con protocolos definidos. Mucho más difícil es desarrollar mecanismos eficaces de respuesta ante la participación de cientos de embarcaciones formalmente civiles, la guardia costera, misiones “científicas” y barreras físicas en aguas disputadas. Más aún cuando tales desafíos son generados por un país que tradicionalmente no tiene rivales en términos de cantidad.
Estas acciones obligan a los países de la región a destinar más recursos a vigilancia, escolta, documentación, guardia costera, entrenamiento y coordinación con aliados. Los acontecimientos de abril de 2026 mostraron cómo esta lógica ya influye en el comportamiento de seguridad regional.
El 20 de abril, Estados Unidos, Filipinas y sus socios iniciaron los ejercicios anuales “Balikatan”. En 2026, estos se convirtieron en los más grandes en número de participantes y estuvieron directamente orientados a operar en condiciones cercanas a las reales: con fuego real, ataques marítimos y escenarios cerca de Taiwán y en el Mar de China Meridional.
Pocos días después, China realizó ejercicios con fuego real en aguas al este de Luzón, es decir, en una zona que conecta el teatro filipino con la dirección taiwanesa. Paralelamente, Taiwán llevó a cabo ejercicios en la isla Itu Aba practicando la inspección armada de un barco sospechoso.
Aunque estos acontecimientos no necesariamente fueron reacciones directas unos a otros, demuestran una tendencia común y muestran que la región interpreta cada vez más las acciones chinas como un mecanismo repetitivo de presión marítima y realiza preparativos acordes con la naturaleza sistemática de dicha presión.
La lógica económica de esta política china comienza con la geografía. El Mar de China Meridional es una de las principales arterias del comercio mundial. Aproximadamente un tercio del tráfico marítimo global pasa por esta región y, para China, este corredor tiene una importancia especial: gran parte de su comercio marítimo y una proporción significativa de sus importaciones energéticas dependen del espacio entre el Mar de China Meridional y el estrecho de Malaca.
El estrecho de Malaca garantiza casi el 22 % del comercio marítimo mundial y alrededor del 75 % de las importaciones chinas de petróleo crudo por vía marítima. Para Pekín, el control de este espacio es una cuestión de estabilidad económica.
Rutas marítimas clave entre el Mar de China Meridional y el estrecho de Malaca, así como rutas alternativas a través de los estrechos de Sonda y Lombok. Fuente: CSIS, China Power Project
El segundo motivo económico son los recursos del propio mar. La pesca en el Mar de China Meridional y en el golfo de Siam sostiene las economías regionales y aporta alrededor del 10 % de la producción pesquera mundial. Paralelamente, en la plataforma continental y bajo el lecho marino se concentran recursos de petróleo y gas. Por ello, la lucha por el espacio marítimo es al mismo tiempo una lucha por las rutas, la seguridad alimentaria, los ingresos de las comunidades costeras y el acceso a los recursos energéticos.
Los riesgos derivan de esta misma lógica. Para China, las comunicaciones energéticas a través de Malaca siguen siendo vulnerables. Para Filipinas, Vietnam, Malasia y otros Estados costeros, quedan expuestos la pesca, el acceso a los recursos de la plataforma continental y la estabilidad del comercio marítimo. Cuando una zona marítima se percibe como un área de riesgo elevado, aumentan los costes de seguros, se alargan las rutas, se interrumpen los calendarios de suministro y se encarece la importación de energía. A esto se añade la presión sobre la pesca, los mercados locales y las comunidades costeras.
Además, Pekín ya vincula la presión mediante el control marítimo con la presión energética sobre los Estados que se encuentran bajo presión aliada o político-militar. Esto quedó demostrado, en particular, en el caso de la utilización por parte de China de la vulnerabilidad energética de Filipinas. En medio de tensiones energéticas, Filipinas buscó suministros de emergencia de combustible, fertilizantes y la posibilidad de negociar petróleo y gas con China. En respuesta, Pekín acusó a Filipinas de hipocresía por solicitar apoyo energético mientras realizaba ejercicios militares a gran escala con Estados Unidos y sus aliados. Así, Pekín dejó claro de facto que la cooperación en cuestiones energéticas sensibles requiere “condiciones adecuadas” en las relaciones bilaterales.
El problema jurídico aquí consta de al menos tres capas: el régimen de investigación científica marina, los derechos del Estado costero en la zona económica exclusiva y la indefinición jurídica en torno a las embarcaciones cuasiciviles que en realidad funcionan como un instrumento paramilitar estatal. Pekín no solo presiona sobre el espacio marítimo, sino que gradualmente difumina las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que determinan quién y bajo qué condiciones puede actuar en él.
La Convención establece claramente que, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, la investigación científica marina requiere el consentimiento del Estado costero, y que este tiene derecho a regularla y controlarla. Cuando un buque de investigación opera en la zona económica exclusiva de otro Estado sin un consentimiento transparente, sin notificación completa o fuera de las condiciones declaradas, se vulnera un régimen jurídico concreto de investigación. Precisamente por eso casos como el del “Shiyan 06” tienen relevancia jurídica y no solo un trasfondo político.
El problema de la milicia marítima radica en que forma parte del sistema de defensa popular voluntaria y actúa bajo control estatal. El derecho internacional distingue mucho mejor entre buques de guerra, embarcaciones estatales en servicio no comercial y barcos civiles privados que entre estas formaciones híbridas paramilitares. Precisamente ahí es donde China encuentra ventaja. Esta estructura difumina la frontera entre presencia civil y fuerza estatal. A otros Estados les resulta más difícil calificar el incidente, elegir una respuesta proporcional y demostrar la violación en tiempo real.
Si esta práctica se consolida, el derecho será gradualmente sustituido por el hecho consumado de la presencia: quien permanece constantemente en la zona es quien impone las reglas. Para los Estados costeros, esto significa erosión de la previsibilidad y aumento del coste de ejercer sus propios derechos. Para los actores externos, supone un encarecimiento de la libertad de navegación y de la disuasión. Para toda la región, implica el paso de un régimen jurídico a un régimen de prueba constante del derecho mediante la fuerza y el hecho de la presencia.
Los Estados de primera línea son aquellos que se enfrentan diariamente a la presión marítima china en sus propias aguas o en zonas adyacentes.
Filipinas ha pasado de gestionar incidentes a desarrollar una respuesta sistémica. Manila documenta públicamente los enfrentamientos, acompaña a pescadores y misiones de suministro, se apoya en el arbitraje de 2016 en el caso Filipinas contra China, que rechazó las bases jurídicas de las reclamaciones chinas dentro de la línea de nueve trazos, amplía la coordinación de defensa con Estados Unidos y, mediante los ejercicios “Balikatan”, practica escenarios multilaterales de crisis.
Tokio condenó el uso peligroso y coercitivo de barcos de la guardia costera y de la milicia marítima, firmó con Filipinas un acuerdo de acceso recíproco y en Balikatan 2026 participó ya como actor con su propio componente de misiles en el norte de Luzón. Esto significa casi con certeza una transición de Tokio desde el apoyo diplomático hacia una participación práctica en la disuasión.
Taiwán, por su parte, responde reforzando su guardia costera e integrando de forma demostrativa sus propios puestos marítimos avanzados en el sistema de seguridad. Asimismo, la parte taiwanesa confirmó una visita a otra isla taiwanesa en el Mar de China Meridional.
Vietnam responde de manera más moderada, pero utiliza de forma constante protestas diplomáticas y monitoreo marítimo en los casos en que la presión china afecta a su sector pesquero y a sus intereses en recursos.
En la dimensión del océano Índico, las reacciones más representativas fueron las de Sri Lanka e India. Colombo, tras una serie de escalas chinas en enero de 2024, suspendió el acceso de barcos de investigación extranjeros, intentando simultáneamente reducir la presión india y no romper relaciones con China. Nueva Delhi expresó de forma sistemática objeciones de seguridad frente a las escalas de barcos de investigación chinos en Sri Lanka y, en 2024, militares indios hablaron abiertamente de patrullas y monitoreo alrededor del barco de investigación chino Xiang Yang Hong 03 en el océano Índico.
Para Estados Unidos, el modelo chino hace tiempo que dejó de ser una disputa local. En 2023, Washington y Manila establecieron en sus directrices bilaterales de defensa que un ataque contra barcos estatales, aeronaves o fuerzas armadas de cualquiera de las partes, incluida la guardia costera, entra dentro del alcance del Tratado de Defensa Mutua. La ampliación del acceso a nuevas instalaciones en el norte de Luzón y en Palawan se convirtió en una respuesta más evidente a la táctica china y añadió una dimensión infraestructural a esta declaración. Es decir, la garantía aliada ya se respalda con planificación, despliegues y ejercicios conjuntos.
Australia siguió un camino similar. Canberra, en 2024, expresó varias veces su apoyo directo a Filipinas tras las acciones chinas cerca de Second Thomas, señaló la ilegalidad y peligrosidad de dichas maniobras, reafirmó el carácter vinculante del fallo arbitral de 2016 y se unió a Balikatan 2026. Esto último puede interpretarse como un desplazamiento desde medidas diplomáticas hacia acciones prácticas.
El formato Quad mostró el mismo cambio en julio de 2024. Los ministros de Australia, India, Japón y Estados Unidos expresaron seria preocupación por el uso peligroso de la guardia costera y la milicia marítima, prometieron reforzar la seguridad marítima e iniciaron un diálogo jurídico marítimo específico. Se trata ya de un intento de desarrollar instrumentos comunes de respuesta al coerción marítima híbrida.
La Unión Europea y algunos Estados europeos también pasaron de declaraciones generales a posiciones jurídicas más claras. El Servicio Europeo de Acción Exterior, en junio y julio de 2024, declaró ilegales y peligrosas las acciones chinas contra Filipinas, subrayó la fuerza jurídica del fallo arbitral y la necesidad de respetar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Paralelamente, Francia y Canadá participaron en Balikatan 2026 como socios externos. Esto significa que el problema ya no se percibe como puramente regional. Cada vez más se considera un desafío al orden marítimo en el espacio indo-pacífico.
China amplía de manera sistemática sus capacidades de control del espacio marítimo en situaciones de crisis. Se trata de modificar el régimen de acceso a las aguas, ejercer presión sobre las rutas, dificultar la intervención externa y consolidar gradualmente su propia presencia allí donde Pekín considera el espacio estratégicamente importante. Para ello, China utiliza una combinación de milicia marítima, guardia costera y barcos de investigación.
Este modelo ya no se limita al Mar de China Meridional. La actividad china en el Mar de China Oriental demostró la posibilidad de desplegar masivamente embarcaciones cuasiciviles; la situación cerca de Luzón vinculó esta presión con la dirección taiwanesa; y la actividad en el océano Índico mostró el uso de barcos de investigación para acceder a zonas marítimas estratégicamente sensibles. A ello también apunta la amplia geografía de las misiones de investigación chinas, desde Sri Lanka hasta los accesos a Guam.
Los casos históricos, desde las Paracel hasta Second Thomas, muestran que este modelo produce resultados. Permite a China modificar gradualmente la situación, aumentar el coste de respuesta para otros actores y difuminar la frontera entre tiempo de paz, crisis y coerción.
Si esta práctica se consolida, la región enfrentará una logística más costosa, mayores gastos de seguros, presión sobre la pesca, mayor vulnerabilidad energética y un riesgo constante de incidentes. En el plano jurídico, esta práctica, mediante coerción repetitiva, socava la eficacia de los mecanismos establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En el plano estratégico, se trata de preparar un espacio marítimo en el que China aspire a modificar primero el régimen de acceso a las aguas y colocar a otros Estados ante condiciones ya establecidas.
La eficacia de la táctica china de coerción marítima cuasicivil depende en gran medida de si continúa siendo percibida como una serie de incidentes aislados y no como una táctica integral de coerción. Precisamente por ello, la respuesta debe ser tanto práctica como conceptual: desde el fortalecimiento del monitoreo marítimo, la guardia costera y los procedimientos de crisis hasta una definición jurídica más clara de las formas de presión cuasicivil como instrumento de fuerza estatal. Tales medidas reducirían el margen de maniobra de China y podrían influir en la eficacia de su táctica.
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