Acuerdo con el MERCOSUR: motivos electorales frente a los intereses paneuropeos

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Contexto general

El examen del acuerdo comenzó ya en 1999 y desde entonces ha sido modificado en numerosas ocasiones. Solo en 2019 las partes alcanzaron un consenso para su firma. Sin embargo, en ese período se produjo un cambio de poder en Brasil: en enero de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva regresó al cargo de presidente, sustituyendo a Jair Bolsonaro. El expresidente Bolsonaro buscaba desarrollar el sector agrario clave a costa de la deforestación de la Amazonia, mientras que la UE, en ese mismo período, anunció el lanzamiento del Pacto Verde, una estrategia a gran escala para alcanzar la neutralidad climática en 2050, que convierte los estándares medioambientales en una condición obligatoria para el comercio internacional.

El regreso al debate activo del acuerdo solo tuvo lugar a finales de 2024. El factor clave fue Donald Trump, que empezó a aplicar una política de presión arancelaria. Esto obligó a la UE a firmar acuerdos comerciales desfavorables: así, según el acuerdo marco sobre parámetros comerciales y de inversión del 27–28 de julio de 2025, la UE debe invertir 600.000 millones en Estados Unidos y comprar combustibles fósiles por valor de 750.000 millones.

Asimismo, Trump intensificó la presión económica sobre los países de América Latina, en particular sobre Brasil. Los países del MERCOSUR no cuentan con acuerdos ni garantías a largo plazo sobre un comercio “seguro” con Estados Unidos. Contra ellos se impusieron parcialmente aranceles en el marco de la política de Trump. Por ejemplo, durante el conflicto diplomático con Brasil en el período de junio a octubre de 2025, Estados Unidos impuso aranceles del 50 % a los productos de ese país. Como resultado, la política de Trump aceleró de hecho el retorno de ambas partes al concepto de un acuerdo comercial entre los dos bloques.

El acuerdo comercial con el MERCOSUR podría considerarse una victoria incondicional de la Comisión Europea, ya que constituye una prueba directa de la capacidad de Bruselas para celebrar acuerdos geopolíticos a gran escala. Para Ursula von der Leyen, esto significaría un refuerzo sustancial de su peso político en la escena mundial y le añadiría autoridad en la confrontación global con Donald Trump y Xi Jinping. Sin embargo, dado que tras la firma histórica el acuerdo aún no ha entrado en vigor, este triunfo se transformó en una derrota interna, poniendo de relieve una profunda crisis en la toma de decisiones dentro de la propia UE.

El Parlamento Europeo aprobó por un margen mínimo una resolución que prevé el examen previo del acuerdo por el Tribunal de Justicia de la UE antes de su ratificación: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Se trata de un instrumento clásico de dilación política: utilizar un procedimiento jurídico (artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) como freno político. Según las normas procedimentales y la duración media de los procedimientos en el Tribunal de Justicia de la UE (que, según los informes anuales del Tribunal, es de unos 16–20 meses), la decisión final puede aplazarse hasta dos años. Esto constituye una protección temporal para los agricultores, que al mismo tiempo esperan garantías a largo plazo.

Entre los principales países que se oponen al acuerdo se encuentran Francia, Polonia, Irlanda, Austria, Hungría y España. Precisamente ellos son los más preocupados por la situación de su propio sector agrario.

Por qué se critica más el acuerdo

Uno de los principales obstáculos está relacionado precisamente con los productos agroalimentarios. A día de hoy, el volumen de comercio entre la UE y el MERCOSUR supera los 110.000 millones de euros. Es casi equilibrado en términos de exportaciones e importaciones para ambos bloques, con un ligero saldo positivo a favor de este último. Al mismo tiempo, existe una diferencia sustancial en la estructura del comercio. 

Fuente: https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/mercosur_en

Precisamente esta diferencia permite identificar a los principales grupos de presión a favor del acuerdo dentro de la UE. En Alemania, por ejemplo, el lobby automovilístico e industrial apoyó activamente la firma del acuerdo, ya que para las grandes empresas supone la oportunidad de entrar en un mercado anteriormente protegido por aranceles, reorientar parte de las exportaciones desde China y Estados Unidos hacia América Latina y reducir los riesgos políticos.

A continuación se presentan estadísticas sobre los volúmenes de comercio. La UE es el segundo socio comercial más importante del MERCOSUR después de China y por delante de Estados Unidos. En 2024, la UE representó el 16,8 % del volumen total del comercio del MERCOSUR. Para la UE, el MERCOSUR es su décimo socio comercial más importante. ● De los 110.000 millones de euros de intercambio comercial entre la UE y los países del MERCOSUR, 53.300 millones de euros corresponden a las exportaciones de la UE a los cuatro países de la región, mientras que las importaciones desde estos países ascienden a 57.000 millones de euros. Esto da lugar a un ligero superávit a favor del MERCOSUR. ● Las principales partidas de exportación del MERCOSUR hacia la UE en 2024 fueron los productos agrícolas (42,7 % del total de las exportaciones), los productos minerales (30,5 %) y los productos de celulosa y papel (6,8 %). ● Las exportaciones de la UE al MERCOSUR en 2024 incluyeron maquinaria y aparatos (28,1 % del total de las exportaciones), productos químicos y farmacéuticos (25 %), así como equipos de transporte (12,1 %).

Fuente: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250620-3

Precisamente en estos aspectos se centran los críticos del acuerdo, planteando la cuestión clave de la protección de los agricultores. Inicialmente, la UE planeaba reducir los subsidios al sector agrario en el período presupuestario 2028–2034. Sin embargo, para reducir la tensión social, la Comisión Europea propuso un acceso anticipado a 45.000 millones de euros del presupuesto de la PAC previstos para 2028–2034. Además, el fondo de reserva de la PAC se incrementó de 450 millones a 6.300 millones de euros. Asimismo, el acuerdo incluyó disposiciones que permiten suspender de emergencia los contingentes arancelarios sobre los productos importados en caso de un aumento brusco de las importaciones o de una caída de los precios.

Dilema de política interna de la UE

La cuestión clave es si es posible alcanzar un consenso dentro de la UE sobre este acuerdo o si se convertirá en otra manifestación de un problema estructural del bloque.

Una decisión económicamente racional para la UE en su conjunto resulta ser “políticamente tóxica” a nivel de determinados Estados miembros. La Comisión Europea logró un acuerdo importante, ya que se trata de un mercado de 770 millones de consumidores y cerca del 25 % del PIB mundial, lo que convierte al acuerdo en una de las mayores zonas económicas del mundo. Al mismo tiempo, la Comisión se guió por una lógica geoeconómica, mientras que los gobiernos nacionales se ven obligados a pensar en clave electoral.

En Francia, la ratificación del acuerdo puede socavar la confianza en el gobierno y provocar elecciones anticipadas, y en España se produjeron protestas masivas en todo el país. Como resultado, dentro de la UE se está formando una confrontación entre dos enfoques respecto al acuerdo comercial. Para Francia, la protección de los agricultores es una garantía de estabilidad política, mientras que para Alemania siguen siendo cruciales los nuevos mercados de exportación como base de su posición económica estratégica.

La Comisión Europea, como actor político, intenta pensar a largo plazo y resolver los conflictos externos e internos mediante compromisos. En las relaciones con el MERCOSUR, estos prevén una aplicación por etapas del acuerdo, un acceso gradual al mercado, normas medioambientales e inversiones. Dentro de la UE, la apuesta se hizo por contingentes de protección y compensaciones financieras.

Sin embargo, este enfoque tiene sus límites. No todos los grupos pueden ser calmados con instrumentos financieros como los contingentes proteccionistas o la ampliación del fondo de reserva para compensaciones. Francia, Polonia, Austria e Irlanda cuentan con un fuerte electorado agrario, y cualquier amenaza al sector agrícola se convierte automáticamente en una crisis política. Un compromiso en esta situación es difícil de explicar al electorado. Ningún acuerdo comercial vale el riesgo de perder el poder.

El Parlamento Europeo, como actor político independiente dentro de la UE, es responsable de las señales políticas internas. La remisión del acuerdo comercial al Tribunal de Justicia de la UE para su examen, iniciada principalmente por Francia y apoyada por una coalición inesperada de grupos de derechas y “verdes”, es una forma de no asumir la responsabilidad de tomar una decisión que ya muestra tensiones sociopolíticas. Como se indicó más arriba, lograron ganar esta partida política por una mínima mayoría: 334 votos “a favor”, 324 “en contra” y 11 abstenciones.

Esto crea riesgos para la unidad de la UE y refuerza los argumentos de los euroescépticos, que utilizan la situación para criticar el sistema burocrático. En este juego político, incluso en caso de alcanzarse un compromiso, alguien inevitablemente pierde. O bien la Comisión Europea demostrará debilidad y retrocederá, o bien los intereses nacionales cederán ante los objetivos geopolíticos.

Sigue abierta la cuestión de si la UE será capaz de reformarse estructuralmente o si seguirá siendo una unión de miedos electorales nacionales.

Importancia para Ucrania

Para el sector agrícola ucraniano, este acuerdo crea riesgos fundamentalmente nuevos. En caso de su plena aplicación, Ucrania entrará en competencia directa con Brasil y Argentina, líderes mundiales cuyos volúmenes de producción superan con creces los ucranianos. Por ejemplo, la cosecha de maíz en Ucrania es de casi 30 millones de toneladas, mientras que la producción conjunta de los países del MERCOSUR alcanza aproximadamente los 180 millones de toneladas, lo que crea una brecha colosal en la escala de la oferta en el mercado europeo. Además de la escala, pasa a primer plano la cuestión de la fiabilidad en términos de seguridad. Los importadores europeos pueden dar preferencia a contratos con socios del MERCOSUR, donde los riesgos de destrucción de infraestructuras o de bloqueo de rutas logísticas (como bombardeos de puertos o huelgas en las fronteras) son mínimos en comparación con las realidades bélicas de Ucrania.

En el contexto de la integración europea de Ucrania, la cuestión agrícola ya es controvertida. Algunos Estados, en particular Polonia, temen abiertamente la adhesión de Ucrania, viéndola como una amenaza para la estabilidad de su propia agricultura. Ahora este problema se complica significativamente si el acuerdo llega a adoptarse en el futuro. Así, Ucrania corre el riesgo de encontrarse en una situación en la que el mercado europeo no solo esté protegido, sino ya sobresaturado y agotado por conflictos en torno a las importaciones.

No obstante, la pausa actual, provocada por el examen judicial, da a Ucrania el tiempo necesario para prepararse y adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Es una ventana de oportunidades que Ucrania debe aprovechar para acordar en paralelo contingentes agrícolas favorables que permitan proteger los intereses ucranianos antes de la apertura final del mercado europeo.