Patrocinadores externos de Maduro. ¿Pueden China e Irán ayudar a Venezuela?
Kateryna Vodzinska, experta del centro de estudios Resurgam en Asia Sudoriental y China
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Anadolu Ajansı
El régimen venezolano de Nicolás Maduro se apoya en las estructuras de seguridad, el control de la renta petrolera y un círculo estrecho de élites leales. La legitimidad democrática ha sido relegada a un segundo plano, y el principal criterio de viabilidad del sistema pasa a ser la capacidad de garantizar una estabilidad social mínima y financiar a tiempo el aparato de seguridad.
Las sanciones de Estados Unidos y de varios países occidentales contra PDVSA (la empresa petrolera estatal de Venezuela) y las estructuras asociadas han reducido drásticamente las posibilidades de Caracas de trabajar con socios energéticos y financieros tradicionales. En estas condiciones, Maduro se ve obligado a apoyarse en un círculo de socios que también tienen experiencia viviendo bajo sanciones o que están dispuestos a operar al límite de los regímenes de restricciones.
Se está formando una demanda de tres tipos de apoyo externo.
En primer lugar, la dimensión económica, que incluye créditos y pagos anticipados por el petróleo, inversiones en yacimientos y refinerías, acceso a equipos, así como complejos esquemas para eludir las restricciones mediante redes de intermediarios “grises”, mezcla de cargamentos y reabanderamiento de buques.
En segundo lugar, la dimensión de seguridad y tecnológica, que abarca sistemas de vigilancia, herramientas digitales de control, plataformas no tripuladas, entrenamiento de las fuerzas de seguridad y transferencia de experiencia en la represión de protestas.
En tercer lugar, la dimensión política y diplomática, donde se necesitan votos y apoyo en organizaciones internacionales, críticas públicas a las sanciones y la legitimación de Maduro como líder legítimo de Venezuela.
Es precisamente en este marco donde China e Irán encajan de manera orgánica como patrocinadores externos clave.
Patrocinio gestionado por parte de China
Para China, Venezuela es al mismo tiempo un activo de recursos y un elemento de su presencia más amplia en América Latina. Desde comienzos de la década de 2000, Pekín otorgó a Caracas créditos vinculados a suministros de petróleo, lo que garantizaba a los bancos estatales chinos la devolución de los fondos y a las empresas chinas el acceso a recursos con descuento. Tras la visita de Maduro a China en 2023, las partes anunciaron la elevación de sus relaciones al nivel de asociación estratégica integral, así como una serie de acuerdos en los ámbitos de la energía y la infraestructura. Sin embargo, la mayoría de los analistas interpreta estos acuerdos como una consolidación de la dependencia ya existente de Caracas de los recursos chinos, y no como el inicio de un nuevo ciclo crediticio a gran escala.
Los intereses de China en Venezuela pueden resumirse de manera aproximada en tres bloques.
El primero es mantener el control sobre los activos petroleros y gasíferos y maximizar la recuperación de los créditos previamente otorgados mediante suministros de materias primas a largo plazo. El segundo es demostrar la capacidad de trabajar con gobiernos que están en conflicto con Estados Unidos y reforzar la influencia de la RPC en América Latina como centro alternativo de poder. El tercero es la minimización de riesgos para los bancos y empresas chinas en el contexto de las sanciones secundarias y de la tensión general en las relaciones con Washington.
Para comprender mejor qué es prioritario para Pekín en la dirección venezolana —los intereses económicos o la demostración de un centro alternativo de poder en América Latina—, solicitamos un comentario de Nikita Simonov, politólogo y especialista en el desarrollo geopolítico de la RPC:
“Se puede suponer que para la RPC estas cuestiones son equivalentes y se complementan mutuamente. Venezuela en las últimas décadas ha adquirido el estatus de un importante exportador de productos petroleros, que constituye la principal fuente de ingresos y un ‘salvavidas’ para el régimen actual de Nicolás Maduro, mientras que para la RPC el objetivo es aumentar el nivel de industrialización, como mínimo para confirmar su estatus como la segunda economía del mundo y, como máximo, para alcanzar una nueva y sin precedentes posición de liderazgo en condiciones de prolongado dominio de Estados Unidos”.
Nikita Simonov considera que, bajo cualquier administración estadounidense, EE. UU. busca impedir el fortalecimiento de China, que pretende cambiar el equilibrio geopolítico de poder. “La formación de un centro alternativo de poder en esta región es un objetivo más evidente y global para la RPC, para la cual el uso de Venezuela es más bien un instrumento dentro de su consolidación geopolítica y geoeconómica, que un elemento autónomo de las relaciones político-económicas”.
El conjunto de instrumentos de apoyo por parte de Pekín incluye la reestructuración de la deuda, el aplazamiento de pagos, nuevas líneas de crédito garantizadas con suministros de petróleo, la participación de empresas chinas en la modernización de yacimientos, refinerías y de la infraestructura portuaria, así como el suministro de equipos críticos para el sector energético. A nivel diplomático, China ya ha bloqueado o debilitado en el Consejo de Seguridad de la ONU iniciativas destinadas a presionar a Maduro, al tiempo que ha criticado las sanciones unilaterales contra el petróleo venezolano en sus declaraciones oficiales.
Al mismo tiempo, China actúa con extrema cautela. El riesgo de sanciones secundarias por parte de Estados Unidos y Europa obliga a los bancos y empresas chinas a evaluar cuidadosamente las operaciones relacionadas con Venezuela, especialmente teniendo en cuenta la presión paralela por la cooperación con la Federación de Rusia en los sectores energético y de tecnologías de doble uso. El fortalecimiento del papel de China en el sector petrolero y gasífero venezolano también puede entrar en conflicto con los intereses de las empresas rusas, que intentan mantener sus propias posiciones en el mercado.
Sobre los límites y riesgos del apoyo chino a Venezuela y a otros regímenes bajo sanciones, Nikita Simonov añade:
“Relaciones como la de China y Venezuela, a mi juicio, se basan en un principio —aunque algo cinematográfico— pero vigente: ‘strictly business’. Una interpretación libre de este principio sería la siguiente: minimización de la responsabilidad política y maximización del beneficio económico, en particular mediante una interacción que permite a ambas partes eludir las restricciones.
Por ejemplo, en el caso de Somalilandia, de su infraestructura y de un nodo comercial que ha entrado en el campo de visión de China —el puerto de Berbera—, se prevé un esquema de cooperación en el que el contacto directo y oficial con un Estado no reconocido resulta problemático, pero existe la posibilidad de mediación por parte de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales socios de Somalilandia, que actúa a través de empresas como Dubai Ports World. No menos importante es el papel de los Emiratos en la interacción con el Irán sancionado. Gracias a la mediación de los EAU, la RPC e Irán evitan relaciones económicas directas y, en consecuencia, la política de sanciones de los países occidentales. Por ello, es importante subrayar que China, teniendo en cuenta sus objetivos globales, no duda en utilizar vías alternativas para intensificar su presencia, sin violar ni sus propios principios políticos ni las normas del derecho internacional”.
En el contexto de los problemas económicos internos, así como de la concentración de la atención en Taiwán, Pekín no está interesado en gastar recursos excesivos para rescatar a un socio económicamente débil y reputacionalmente tóxico. De ahí surge el modelo de patrocinio gestionado, en el que China ayuda solo en la medida necesaria para proteger sus propios activos e influencia, pero sin convertirse en el principal salvador del régimen de Maduro.
Irán: compañero en la adversidad compartida
Irán aborda la dirección venezolana desde la posición de un Estado que lleva décadas viviendo bajo duras sanciones energéticas y financieras. La cooperación con Caracas le ofrece a Teherán un socio con una experiencia similar y un espacio para poner en práctica esquemas conjuntos de evasión de restricciones. Desde 2020, Irán suministra a Venezuela gasolina, condensado y otros productos petroleros, ayudando a aliviar las crisis de combustible y a mantener el funcionamiento de las refinerías. El acuerdo contempla el intercambio de crudo pesado venezolano por condensado iraní, que se utiliza para diluir la materia prima extrapesada.
El bloque energético se complementa con la cooperación técnico-militar y la transferencia de tecnologías. Desde comienzos de la década de 2000, Irán ayuda a Venezuela a desarrollar sus propias plataformas no tripuladas basadas en modelos iraníes, y fuentes abiertas registran el suministro de componentes y la posible creación de capacidades de producción conjunta de drones. Paralelamente, se produce un intercambio de experiencias en la organización del control interno, la vigilancia digital y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, lo que refuerza la capacidad del régimen de Maduro para mantenerse en el poder no solo mediante instrumentos económicos, sino también coercitivos.
La dimensión financiera de la cooperación se materializa a través de bancos intermediarios, estructuras offshore, canales de pago informales y, probablemente, el uso de criptomonedas para liquidar pagos por petróleo y servicios. Parte de estos esquemas ya ha sido objeto de consideración en tribunales estadounidenses en casos de confiscación de cargamentos de petróleo iraní con destino a Venezuela. En el plano informativo-político, Teherán y Caracas coordinan de manera sistemática su retórica contra las sanciones unilaterales y promueven la narrativa sobre la necesidad de plataformas económicas y políticas alternativas que supuestamente protejan al Sur Global de la presión occidental.
A pesar de ello, las capacidades de Irán siguen siendo limitadas. La economía del país opera bajo una fuerte presión sancionatoria que afecta no solo a las exportaciones de petróleo, sino también a la infraestructura de transporte y financiera. Teherán se ve obligado a distribuir recursos entre varios escenarios regionales —Líbano, Siria, Yemen e Irak— y no puede permitirse una financiación ilimitada de la lejana dirección venezolana. A ello se suma el riesgo disuasorio de nuevos paquetes de sanciones por la exportación de drones, componentes de misiles y tecnologías represivas, especialmente en el contexto de la cooperación con la Federación de Rusia en la guerra contra Ucrania.
La dimensión para Ucrania
China, Irán y Venezuela, junto con Rusia, conforman un segmento del sistema internacional que se opone de manera consistente a las sanciones unilaterales y que, de una u otra forma, mitiga el aislamiento político de Moscú. Para Ucrania, el principal riesgo radica en que Venezuela se está convirtiendo gradualmente en un nodo importante del underground sancionatorio, donde, con la participación de China e Irán, pueden entrecruzarse flujos de petróleo, operaciones financieras y componentes técnico-militares. Esto influye directamente en la capacidad de la Federación de Rusia para continuar la guerra, pese a las restricciones formales de acceso a los mercados occidentales de energía y tecnologías.
Plataformas analíticas que monitorean las sanciones energéticas señalan que los esquemas de evasión con la participación de regímenes sancionados complican la labor de los reguladores occidentales en el control de los precios del petróleo ruso y en el bloqueo de los ingresos del Kremlin.
Al mismo tiempo, el comportamiento cauteloso de China, que intenta combinar el apoyo a Rusia con la preservación de la imagen de una potencia global responsable, deja espacio para un diálogo selectivo de Kyiv con Pekín y con los gobiernos de América Latina que cooperan con China, pero no desean asociarse con los regímenes más tóxicos.
Pronóstico para los próximos meses
En el escenario base, China ampliará gradualmente la cooperación económica con Caracas dentro de los marcos ya existentes, evitando gestos políticos ruidosos y un aumento brusco de los riesgos financieros. Es posible un incremento de la asistencia técnica en el sector energético y de inversiones puntuales, pero sin nuevos paquetes crediticios de gran escala.
Irán mantendrá el actual nivel de participación en los bloques energético, técnico-militar y financiero, utilizando los esquemas ya probados de swaps petroleros y suministros de combustible. Para Ucrania, esto implica una complicación adicional, aunque relativamente lenta, del panorama sancionatorio, sin rupturas abruptas, lo que exige un trabajo constante en materia de sanciones secundarias y control del sector gris.
Los factores que sostienen este escenario incluyen la ausencia de crisis agudas en las relaciones de China e Irán con Occidente, una situación interna estable en Venezuela sin protestas masivas incontroladas, y el mantenimiento del actual nivel de atención de Estados Unidos a otros desafíos regionales.
No obstante, no debe descartarse un escenario alternativo en el que Pekín y Teherán den varios pasos significativos a favor de Maduro en un contexto de mayor deterioro de las relaciones con Washington. Para China, esto podría traducirse en nuevos paquetes de inversión en energía e infraestructura, la ampliación de líneas de crédito garantizadas con suministros de petróleo y un apoyo diplomático más abierto en formatos multilaterales. Para Irán, implicaría un aumento de los volúmenes de suministro de combustible, el despliegue de la producción de ciertos tipos de armamento en territorio venezolano y una mayor complejidad de los esquemas financieros, haciéndolos menos transparentes para los reguladores.
Kateryna Vodzinska, experta del centro de estudios Resurgam en Asia Sudoriental y China
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