La gran nacionalización en Rusia. Cómo el Kremlin reprime a la élite rusa

Desde 2024, inmediatamente después de las elecciones presidenciales de la Federación Rusa, comenzó un proceso activo de represión interna contra la élite rusa.

Al principio, este proceso afectaba a representantes del nivel medio del sistema burocrático ruso. Se empezaron a abrir casos de corrupción, en los que eran procesados vicegobernadores y funcionarios encargados de la planificación del desarrollo urbano, especialmente los relacionados con la construcción, es decir, los cargos directamente vinculados a la distribución de fondos presupuestarios.

Más tarde, una vez obtenida una amplia base de testimonios por parte del nivel medio de la burocracia, los órganos de investigación rusos empezaron a abrir causas contra representantes del nivel superior, llegando a gobernadores regionales o ministros del Gobierno ruso. En la mayoría de los casos, las acusaciones comenzaban después de que el ministro o el gobernador perdiera su cargo, ya fuera al término de su mandato o tras dimitir voluntariamente. Por eso, en los últimos tiempos se podían ver en los medios titulares sobre la detención de uno u otro exministro o exgobernador.

El siguiente paso en la continuación de las represiones internas contra la élite fue el proceso de nacionalización de importantes activos en diferentes sectores de la economía, bajo el pretexto de luchar contra la corrupción, replantear los procesos de privatización de finales de los noventa y principios de los dos mil y expropiar activos estratégicamente importantes para el Estado.

Motivos

La Fiscalía General rusa señala como motivo oficial de la nacionalización de activos el fortalecimiento de la seguridad económica. Según afirma, se nacionalizan aquellos activos que pertenecen a personas con doble ciudadanía, que mantienen sus ahorros fuera de Rusia y que cooperan activamente con empresas extranjeras.

Por ejemplo, la razón para nacionalizar el aeropuerto de Domodédovo en julio de este año fue el “control extranjero sobre la empresa gestora DME Holding”. Según la Fiscalía General, el propietario del holding, Dmitri Kamenshik, es residente en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, y su socio Valeri Kogan es residente en Israel. Según los documentos judiciales, estos países siguen una política occidental destinada a imponer una derrota a Rusia. Según la Fiscalía, Kamenshik y Kogan sacaban dinero de Rusia bajo el pretexto de pagar deudas a acreedores extranjeros y dividendos.

Entre las razones oficiales también figuran la lucha contra la corrupción y la influencia de los grupos de presión. Bajo estos criterios se están nacionalizando distintas empresas propiedad de exfuncionarios rusos no vinculados a países extranjeros, ya que después de 2022 un funcionario ruso prácticamente no tiene vías para legalizar sus activos en Occidente debido a las sanciones, ni en otros países debido a las restricciones impuestas dentro del propio Estado.

La segunda razón principal es económica. Según los analistas de Forbes, Rusia está nacionalizando exclusivamente empresas y activos rentables, lo cual es atípico en comparación con los procesos de nacionalización en la mayoría de los países del mundo. “Primer supuesto: el Estado nacionaliza las pérdidas y luego privatiza los beneficios. Es decir, rescata a empresas estratégicas, las saca de la crisis y después las devuelve al sector privado. Segundo supuesto: el Estado nacionaliza los beneficios y vende las pérdidas: regresan a su control empresas privadas de éxito. La nacionalización aquí puede ser directa o encubierta, mediante la consolidación del mercado alrededor de grandes corporaciones estatales, por ejemplo, en torno a Rosneft en el sector del petróleo y el gas. Tercer supuesto: la nacionalización de eslabones estratégicos, donde la economía ya no desempeña un papel significativo. En Rusia predominan el segundo y el tercer supuesto, mientras que el primero prácticamente no se manifiesta”. De este modo, el Estado intenta compensar su complicada situación presupuestaria a través de empresas rentables.

La tercera razón es la presión general sobre la élite rusa con el objetivo de debilitar los sentimientos contrarios al régimen mediante la intimidación. En el marco del proceso de nacionalización, la élite rusa intentará distanciarse de cualquier vínculo con empresas extranjeras, se cerrará aún más y se atomizará, reduciendo considerablemente las posibilidades de cualquier resistencia al régimen, ya que desaparecen los vínculos transnacionales de las élites.

La cuarta razón son las ambiciones de los representantes de la Fiscalía General rusa. Como resultado del proceso de nacionalización, en septiembre de 2025 el fiscal general Ígor Krasnov fue nombrado presidente del Tribunal Supremo de Rusia. Así, el Estado implica a representantes de la fiscalía para llevar a cabo estos casos y concluirlos de forma eficaz.

Resultados provisionales del proceso

Según los cálculos de los analistas y la información de la Fiscalía General de la Federación Rusa desde 2022, hasta comienzos de 2025 se habían nacionalizado activos por un valor total de 2,56 billones de rublos. Debido a la intensificación de este proceso en 2025, la suma total aumentó hasta casi 4 billones. En general, se identificaron 102 casos de nacionalización de activos.

“La mayor cantidad de activos fue confiscada en virtud de la ley sobre sociedades estratégicas. En los últimos tres años, de este modo se retiraron activos por valor de 1,539 billones de rublos. En casos de corrupción, el Estado recibió activos por 1,07 billones de rublos; por violaciones durante la privatización, 385,4 miles de millones de rublos; por acusaciones de gestión y control ineficaces, 621,5 miles de millones de rublos; y en el marco de la lucha contra el extremismo, 181,8 miles de millones de rublos”.

Consecuencias del proceso y efecto en la guerra ruso-ucraniana

La consecuencia general del proceso puede describirse como la plena transición de la economía de la Federación Rusa a una base militar. Los beneficios de las empresas nacionalizadas cubrirán el déficit del presupuesto ruso, que aumenta progresivamente con los años y que en 2026 podría alcanzar ya varios puntos del PIB.

La principal consecuencia político interna del proceso es la atomización de la élite rusa, la reducción de los vínculos económicos internacionales y una posible fuga de empresarios de Rusia para evitar procesos penales. En esencia, un fortalecimiento del poder autoritario mediante el reparto de recursos. Teniendo en cuenta que estos repartos pueden realizarse con frecuencia, ignorando el derecho a la propiedad privada, pronto las élites económicas rusas estarán formadas exclusivamente por leales y, más aún, por activistas del régimen actual. Los conformistas e instrumentalistas, que actualmente constituyen la mayoría de la élite rusa, serán cada vez menos.

El impacto de este proceso en la guerra es principalmente económico. El Estado ruso tendrá un colchón financiero adicional que podrá utilizar para necesidades militares. En el futuro se puede esperar un aumento del gasto en la guerra, en el desarrollo de la producción militar y un aumento de la capacidad para atraer personas al servicio por contrato, ya que por ahora el ejército ruso se forma sobre una base contractual y el Estado destina importantes recursos económicos para mantener este statu quo, temiendo los problemas políticos asociados a una movilización.

El artículo analítico fue preparado por Dmytro Olkhovychenko, pasante del grupo de expertos Resurgam.