La política de sanciones del Reino Unido contra Rusia
Durante la guerra ruso-ucraniana, uno de los instrumentos clave de presión sobre el Estado agresor han sido las sanciones internacionales. Su efecto punitivo abarca la economía, las finanzas, el comercio y limita de forma significativa el potencial militar de Moscú.
El Reino Unido se encuentra entre los países que aplican con mayor intensidad sanciones contra Rusia. Sin embargo, desde el inicio de la invasión a gran escala, la política de sanciones de Londres no ha sido impecable: en ella se observan signos de vacilación y falta de voluntad política. Esto lleva a pensar que el Reino Unido aún no ha utilizado en toda su extensión su arsenal sancionador.
En este material analizaremos: cuál es la política actual de sanciones del Reino Unido contra Rusia; qué restricciones adicionales Londres aún podría imponer; qué factores impiden al gobierno británico emplear plenamente su potencial sancionador contra el Kremlin.
Sanciones que el Reino Unido ya ha impuesto contra Rusia
Antes de comprender cómo el Reino Unido aún puede infligir más daños a Rusia, es necesario determinar qué sanciones ha implementado Londres contra el Estado agresor desde el inicio de la invasión a gran escala y cuáles de ellas tuvieron el mayor efecto sobre el enemigo.
Uno de los paquetes de sanciones más grandes fue el que se introdujo el mismo día de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania: el 24 de febrero de 2022.
En esa ocasión, el gobierno británico, en cooperación con sus socios occidentales, anunció un paquete de sanciones “sin precedentes”, que incluía las siguientes restricciones:
prohibición a sectores clave de la industria rusa y a empresas de obtener financiación en los mercados británicos;
suspensión del acceso de varios bancos rusos para realizar pagos en el Reino Unido (incluido el segundo banco más grande de Rusia, VTB/Vneshtorgbank);
prohibición de exportar tecnologías críticas y componentes de doble uso a los sectores rusos;
prohibición de viajes al Reino Unido y congelación de activos de numerosos oligarcas y personas cercanas al entorno de Putin;
restricciones bancarias para ciudadanos rusos;
prohibición de vuelos de aviones de la aerolínea Aeroflot en el espacio aéreo británico;
entre otras medidas.
Al dar este paso, el Reino Unido se situó claramente del lado de Ucrania y se pronunció contra la agresión rusa.
Sin embargo, este paquete de sanciones “sin precedentes” tuvo más un carácter táctico que estratégico. Y ante el hecho de que los combates se prolongaban y la contraofensiva ucraniana de 2023 fracasó, Londres se vio obligado a pasar a la elaboración permanente y regular de paquetes de sanciones, así como a una cooperación más estrecha con el G7, la UE y Estados Unidos.
Al mismo tiempo, los principales objetivos de las sanciones se convirtieron en las instituciones financieras rusas, los sectores estratégicos de la economía, las grandes empresas estatales y los representantes de la élite política y militar del país.
Exactamente un año después del inicio de la guerra a gran escala, el 24 de febrero de 2023, el Reino Unido anunció un nuevo paquete serio de sanciones.
En primer lugar, incluía la prohibición de exportar todos aquellos bienes que Rusia utiliza en el campo de batalla: piezas de aviación, equipos de radio, componentes para la producción de drones, etc. Esta medida tenía como objetivo socavar las capacidades militares de Rusia en el frente, aunque estas restricciones pudieron ser superadas gracias al apoyo de Corea del Norte, Irán y China.
En segundo lugar, las sanciones se dirigieron contra personas clave como los altos directivos de Rosatom y el director general de Nord Stream 2, Matthias Warnig, cercano amigo de Putin.
Asimismo, el 6 de diciembre de 2023 se anunciaron sanciones contra personas y grupos que financiaban la maquinaria militar de Rusia, entre los cuales predominaban empresas y organizaciones de países extranjeros como Bielorrusia, Uzbekistán, China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Serbia.
Las sanciones más amplias y de mayor impacto fueron anunciadas y luego implementadas por el gobierno británico el 23 de febrero de 2025 y el 9 de mayo del mismo año.
El primer paquete incluía 107 sanciones, dirigidas principalmente contra los ingresos energéticos de Rusia, en particular contra 40 buques del llamado “flota en la sombra”, que transportaban petróleo ruso (en este caso, en seis meses estos buques trasladaron crudo por un valor superior a 5 mil millones de dólares).
El segundo paquete también contenía sanciones enfocadas mayormente en la flota en la sombra rusa. Sin embargo, eran más estrictas y amplias, e imponían restricciones a aproximadamente 100 petroleros, que desde principios de 2024 habían transportado cargamentos por un valor superior a 24 mil millones de dólares.
De esta manera, el Reino Unido se convirtió en líder entre los países europeos, al infligir un golpe tan severo contra la flota en la sombra de la Federación Rusa.
La reciente intensificación de Londres en el refuerzo de sanciones contra Rusia puede explicarse no solo por la firme postura de las autoridades británicas en apoyo a Ucrania, sino también por la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, lo que redujo considerablemente el papel de Washington en la imposición de sanciones contra Rusia.
Fortalezas y debilidades de la política de sanciones del Reino Unido
En primer lugar, el Reino Unido aplica su política de sanciones de forma independiente del resto de Europa, ya que en 2020 abandonó la Unión Europea. Debido a ello, Gran Bretaña cuenta con su propio marco jurídico para su política sancionadora, basado en la Ley de Sanciones y Lucha contra el Blanqueo de Dinero (SAMLA), adoptada en 2018.
Esta ley permite al gobierno elaborar, aplicar y administrar sanciones con distintos objetivos: cumplir con las obligaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, prevenir el terrorismo en el Reino Unido, promover los intereses de la seguridad nacional, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos del país, contribuir a la resolución de conflictos armados, entre otros. Es decir, la ley incluye una serie de fundamentos que permiten al gobierno británico imponer sanciones contra un Estado agresor.
La ventaja de esta ley radica en que, a diferencia de la política sancionadora de la UE, en la versión británica los criterios para incluir a personas físicas y jurídicas en la lista de sanciones están descritos con mayor detalle. Esto, a su vez, eleva los estándares de prueba, lo cual constituye un elemento importante de un procedimiento jurídico transparente y justo.
Por otro lado, los estándares detallados de prueba ralentizan y burocratizan la implementación de sanciones contra personas o países que violan los derechos humanos, ya que el gobierno debe justificar frecuentemente la necesidad de imponerlas para no ser acusado de arbitrariedad.
En el caso del Reino Unido, precisamente la base legislativa se ha convertido en el fundamento de todas las demás fortalezas de su política de sanciones, siendo la principal la amplia utilización de diversos métodos de presión que debilitan la economía y, como consecuencia, las capacidades militares del país agresor.
Entre estos métodos de presión se encuentran: sanciones de bloqueo (congelación de activos, prohibición de operaciones con personas físicas o jurídicas), control de exportaciones, restricciones sectoriales, limitaciones a la libertad de movimiento de diferentes personas, etc.
Con el tiempo, los sectores de la economía rusa sujetos a estas medidas solo se han ampliado, como ocurrió con la imposición de sanciones contra la flota en la sombra de Rusia, que constituía una fuente significativa de ingresos petroleros para el país.
Volviendo a la ley SAMLA, otro aspecto importante y positivo para el Reino Unido es la resistencia judicial, que lo distingue notablemente de algunos países miembros de la UE. En Europa, sigue siendo común que las sanciones sean legalmente vulnerables, ya que una persona sancionada puede interponer una demanda para que se anulen las restricciones.
En el Reino Unido, este problema es menor, porque las sanciones:
son revisadas periódicamente por jueces,
y, gracias al procedimiento de “prueba detallada”, es más difícil para el sancionado encontrar vacíos legales y anular la medida en los tribunales.
Un ejemplo de esto es el caso de Evgueni Shvidler, cercano al oligarca ruso Román Abramóvich, cuando el tribunal rechazó su intento de declarar ilegales las sanciones impuestas en su contra.
No obstante, la política de sanciones del Reino Unido presenta las siguientes debilidades:
Escasa ampliación de los paquetes de sanciones, a diferencia de la UE o EE. UU., lo que hace que el Reino Unido dependa con frecuencia de la cooperación con estos actores;
Dependencia relativamente fuerte de los órganos ejecutivos que aplican las sanciones (como la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras – OFSI) respecto a las decisiones del gobierno y del parlamento;
Capacidad de Rusia para evadir sanciones a través de terceros países (China, Irán, Corea del Norte), lo que obliga al Reino Unido a destinar recursos y tiempo adicionales;
Fragmentación de la política de sanciones y falta de visión estratégica, que limite la imposición de sanciones a sectores de la economía rusa que durante largo tiempo permanecieron intocados.
Asimismo, los procesos políticos juegan un papel importante, ya que influyen en la voluntad política y la motivación del gobierno británico para implementar nuevas sanciones.
¿Qué más puede hacer el Reino Unido?
Para responder a esta pregunta, es necesario analizar nuevamente los sectores en los que los británicos ya han impuesto muchas sanciones, así como aquellos donde se han dejado “zonas grises” o incluso medidas obvias, que permiten a Rusia seguir financiando su guerra de agresión.
Comencemos con los recursos energéticos, la principal “columna” de la economía rusa.
Oficialmente, desde 2022, el Reino Unido prohibió la importación de petróleo ruso. Sin embargo, las sanciones sobre la compra y el transporte de petróleo no cubrían otros canales que Rusia utilizó, ni a terceros países o personas del Reino Unido que se beneficiaban de negocios con Moscú.
En 2024 se informó que el Reino Unido importó 5,2 millones de barriles de productos derivados del petróleo, elaborados a partir de petróleo ruso en países como India. Esta importación no es ilegal, ya que la transformación elimina el origen ruso, pero estas compras minimizaron en gran medida el efecto de las sanciones que Gran Bretaña había impuesto contra Rusia.
En cuanto a recursos minerales, también hay que mencionar aquellos sobre los que el Reino Unido no había aplicado sanciones significativas durante largo tiempo, continuando su importación: acero, aluminio, cobre, etc.
Solo en abril de 2024, Londres, junto con Washington, prohibió la importación de aluminio, cobre y níquel, lo que también impactó en los ingresos de Rusia.
Otro instrumento que el Reino Unido podría utilizar contra los recursos energéticos rusos es la limitación de precios, es decir, establecer un tope máximo que los exportadores rusos no puedan superar. Esto hace que los recursos energéticos rusos sean más baratos, lo que a su vez reduce los ingresos de Rusia.
Otra fuente importante para la economía rusa son las finanzas y el sistema bancario. En este ámbito, los británicos también han aplicado sus sanciones de forma bastante selectiva y fragmentada, dejando fuera a diversas personas físicas o jurídicas rusas, o sin ejercer plenamente la fuerza de las medidas.
Un ejemplo son ciertos activos rusos que el Reino Unido ha congelado desde hace tiempo y cuyos rendimientos ya planea utilizar. Se sabe que Londres planea destinar los fondos provenientes de activos congelados a la adquisición de armamento y reparación de equipos para Ucrania, por un monto cercano a 3 mil millones de dólares durante 2025-2026.
Es importante diferenciar los conceptos de “congelación” de activos y su “confiscación”, ya que en la confiscación los activos congelados pasan legalmente a otra parte. Actualmente, en el Reino Unido no hay muchos casos de éxito en este ámbito, y el único caso conocido de confiscación de activos rusos congelados está relacionado con el oligarca ruso Piotr Aven, quien en julio de 2024 aceptó la confiscación de más de 750,000 libras esterlinas para finalizar una investigación de dos años por parte de la policía y de la Agencia Nacional contra la Delincuencia (NCA).
Otro ejemplo relacionado con el sector financiero es el acceso de los bancos rusos al sistema interbancario internacional SWIFT. A comienzos de 2022, al inicio de la guerra a gran escala, varios bancos rusos (VTB, Sovcombank, Promsvyazbank) fueron bloqueados y quedaron sin acceso a pagos internacionales vía SWIFT. Sin embargo, estas sanciones no fueron impuestas por el Reino Unido de manera unilateral, sino en coordinación con Estados Unidos y la Unión Europea.
Actualmente, el Reino Unido aún no puede privar por sí solo a otros bancos del acceso a SWIFT. Además, las restricciones aplicadas a gigantes del sector bancario ruso, como Sberbank y Gazprombank, han sido limitadas, y estas instituciones siguen operando activamente en beneficio de la economía rusa.
No hay que olvidar tampoco que las sanciones que afectaban a bancos visibles y grandes podían omitir a los bancos pequeños pero numerosos, a través de los cuales la maquinaria militar del Kremlin sigue recibiendo fondos. Por lo tanto, este es un ámbito en el que Londres aún tiene trabajo pendiente.
No hay que olvidar tampoco las alternativas a los sistemas internacionales que ha creado Rusia, como el SPFS (Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros), que no ha sido afectado por las sanciones británicas. Aunque este reemplazo de SWIFT no funciona con la misma calidad ni eficiencia, los rusos siguen generando ingresos a través de él, y el SPFS ya opera en otros países.
Todos estos factores muestran que, aunque las sanciones británicas han afectado muchos de los sectores financieros y económicos de los que Rusia puede obtener dinero, estas sanciones suelen ser selectivas (dirigidas a personas, empresas o instituciones específicas), fragmentadas, algo impulsivas y menos amplias que las sanciones europeas.
Por lo tanto, la cuestión principal no es qué sanciones aún no se han aplicado, sino cómo deben implementarse: de forma sistemática, estratégica y amplia, con objetivos claros sobre sectores específicos, coordinadas con los esfuerzos estadounidenses y europeos, y fortaleciendo la cooperación entre comités parlamentarios y aumentando las competencias de los organismos que aplican las sanciones en la práctica.
Además, para que los británicos puedan identificar mejor dónde infligir pérdidas económicas significativas a Rusia, lo más eficaz sería centrarse en dos aspectos:
Ataque sistemático y amplio a sectores completos, incluidos los canales “sombríos” de ingresos;
Presión sobre terceros países que permiten a Rusia eludir las sanciones, como China, India, Turquía, entre otros.
Motivación política
Otra cuestión importante es si los políticos británicos tendrán la motivación y la voluntad necesarias para aprobar nuevas sanciones. La política depende, ante todo, de los intereses de los actores y de las condiciones que pueden influir en la toma de decisiones.
Teóricamente, el Reino Unido tiene todas las posibilidades de imponer las sanciones que aún no ha aplicado contra la economía rusa, ya que estas decisiones se aprueban rápidamente en el Parlamento, donde basta con obtener la mayoría de votos, y existe un consenso bipartidista al respecto.
Asimismo, el Reino Unido puede actuar de forma más decidida gracias a la ley SAMLA, que otorga al gobierno y al Parlamento todos los poderes necesarios para implementar sanciones. Como Estado independiente, Gran Bretaña puede tomar decisiones por sí sola, pero también colabora fácilmente con Europa para infligir un golpe económico a Moscú.
Sin embargo, en la práctica surgen algunos “escollos”:
el miedo a una recesión si se aplicara un embargo total a los recursos de Rusia;
limitaciones legales;
el potencial influjo de los lobbies empresariales;
y los procesos políticos internos.
Si con los dos primeros puntos todo es relativamente claro, los otros dos requieren un análisis más detallado.
En el primer caso, contra la imposición de sanciones actúan diversos lobbies empresariales, que trabajan de manera consciente o inconsciente a favor de Rusia, y empresas británicas que continúan haciendo negocios con ella y que durante mucho tiempo pagaron impuestos al presupuesto ruso.
Un ejemplo es la farmacéutica AstraZeneca, que a pesar de sus promesas no abandonó el mercado ruso y, para 2024, había pagado 45 millones de dólares a médicos y organizaciones sanitarias rusas.
En el segundo caso, varias figuras políticas se oponían a sanciones más estrictas por el temor de que Rusia no detuviera la guerra, sino que aumentara la escalada y realizara acciones asimétricas contra el Reino Unido. Sin embargo, a diferencia de algunos europeos y estadounidenses, estas preocupaciones no estaban ampliamente extendidas entre los políticos británicos, y eran más evidentes al inicio de la guerra que en la actualidad, cuando el Reino Unido apoya plenamente a Ucrania y estudia cuidadosamente nuevas sanciones contra Rusia. Por ello, el miedo político a la escalada tiene menos peso que el lobby empresarial o los intereses corporativos.
En materia de sanciones, también es importante considerar las opiniones públicas, sobre las que los políticos suelen basar sus decisiones, lo cual es un claro indicador de democracia. Según una encuesta de Ipsos publicada el 23 de febrero de 2025, más de la mitad de los británicos (53%) consideran necesarias las sanciones económicas contra Rusia, incluso si esto significa que los precios de la energía y los alimentos seguirán siendo altos. Aproximadamente uno de cada cinco (18%) opina que las sanciones no justifican las consecuencias económicas. Este indicador se ha mantenido relativamente estable desde el inicio de la guerra.
Resultados de la encuesta de Ipsos
Artículo analítico preparado por Matviy Sukhachov, comentarista de la política británica, especialmente para Resurgam.
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